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Aplicación de tributos por ociosidad de tierra comenzará en julio en Pinar del Río

Aplicación de tributos por ociosidad de tierra comenzará en julio en Pinar del Río

La aplicación del impuesto por la ociosidad de tierras agrícolas y forestales en Pinar del Río y Cienfuegos comenzará en julio, y con vistas a ello el Ministerio de la Agricultura (Minag) concluirá en junio el Balance Anual de Uso y Tenencia de la Tierra para todos los productores de esas provincias.


Eddy Soca, director de Suelos y Control de la Tierra del Minag, explicó que en correspondencia con la Ley 113 del Sistema Tributario, cuyo artículo 175 establece el referido gravamen, entrará en vigor la Resolución No. 15/2018, del Ministerio de Finanzas y Precios.

Precisó que el mencionado tributo, que se extenderá de manera gradual al resto del país, resulta un mecanismo vital para estimular e incentivar el uso del suelo eficientemente entre las personas naturales y jurídicas que posean tierras, ya sean de su propiedad o del Estado. 


Detalló que en ese sentido están obligados al pago las empresas estatales, las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, las Cooperativas de Créditos y Servicios, y las de producción agropecuaria, así como los propietarios individuales de tierras, los usufructuarios y otros tenentes, cuyos terrenos sean declarados ociosos en el Balance Anual de Uso y Tenencia de la Tierra.


Según el directivo, las entidades estatales que administran la tierra, de conjunto con la base productiva que se le vincula, son responsables de certificar la información que se incorpora en ese documento.


A los efectos del pago del impuesto se consideran tierras ociosas y deficientemente aprovechadas las que no se encuentren en producción agrícola, pecuaria, forestal o de frutales, excepto las sujetas a período de descanso con fines de rotación de cultivos, argumentó.


Soca mencionó entre esas también las que estén cubiertas de marabú, malezas o plantas invasoras; las utilizadas para cultivos o plantaciones no adecuadas a la características de los suelos (que presenten notable despoblación o bajos rendimientos), y las dedicadas a la producción pecuaria con baja carga de animales por hectárea.


No obstante, puntualizó que de acuerdo con el Balance Anual de Uso y Tenencia de la Tierra no se contemplarán para el pago del gravamen las entregadas en concepto de usufructo durante el término pactado en el contrato.


Además, figuran las ubicadas en áreas declaradas protegidas o que estén en proceso de declaración, las que no puedan emplearse para producciones agropecuarias, forestales y de frutales debido a razones topográficas o de conservación del medio ambiente y los recursos naturales.


Asimismo, se encuentran en ese grupo las destinadas a la defensa del país o que se ubiquen en zonas militares, las que deban preservarse por su relación con hechos históricos o del patrimonio cultural, las situadas dentro de los límites de las zonas costeras y de protección de las playas, y cualquier otra de la que se disponga alguna prohibición.


Subrayó que los Ministerios de Finanzas y Precios y de la Agricultura evaluarán casuísticamente la aplicación del tributo en los casos de tierras ociosas vinculadas a programas de desarrollo, o preservadas para diferentes fines productivos y que por razones justificadas no sea posible incluir en el fondo ocioso.


Igualmente, tendrán presente las que aún cuando se encuentran en el fondo de tierras estatales disponibles para su entrega, no existen solicitudes sobre ellas.
 Soca señaló que las cuantías a pagar se establecen en función de la extensión de los suelos y de sus categorías agroproductivas.


Ejemplificó que las clasificadas en la categoría Primera (muy productiva) se deben pagar 180 pesos cubanos (CUP) por hectárea, las de Segunda (productiva) 135 CUP, mientras para la Tercera y Cuarta (poco productiva) 90 y 45 CUP, respectivamente.


El directivo del Minag comentó que el pago de este impuesto se exige desde el momento en el cual los propietarios y poseedores de tierras agrícolas y forestales sean notificados por las delegaciones o direcciones de la Agricultura de los territorios.


Por tal razón se elabora un Certificado de Explotación de Tierras, cuyas partes consta de la extensión del área ociosa, su clasificación y el importe del impuesto que correspondería pagar cada año, aseveró Soca.


La primera entrega se efectúa dentro del término de 60 días naturales, a partir de recibir la notificación del impuesto, pero se pagará solo la parte proporcional que corresponda a los meses del año que restan, sin contarse el que se realiza la notificación de los documentos de Explotación de Tierras.


Por hacerse en julio venidero, los productores individuales y estatales de los municipios de Pinar del Río y Cienfuegos, a los que se le aplicará ahora el impuesto por la ociosidad de sus tierras, pagarán lo correspondiente a cinco meses, o sea, de agosto a diciembre de 2018 y no todo el año.


Manifestó que el impuesto se abonará en las sucursales bancarias del municipio donde radica el poseedor de tierras, a través del modelo CR-09 “Aporte al Presupuesto del Estado”, el cual puede adquirir en la propia oficina bancaria o mediante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT)
 La Ley Tributaria establece en su Artículo 182 que los ingresos recaudados por concepto de este impuesto se destinan al desarrollo de programas agropecuarios del país.

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