La semana pasada comenzaron a llamar pinareños a la redacción del periódico para presentar la queja sobre la venta de cigarros que se realiza de forma normada en las bodegas, aunque no constituye un producto de la canasta familiar, está condicionada al pago por el uso de las pasarelas de pago, incluso algunos refirieron que solo se podía emplear Transfermóvil.
Si bien, con fecha nueve de enero del presente año, la dirección del Grupo Empresarial de Comercio (GEC) Pinar del Río emitió una indicación que fijaba un porcentaje de ventas por esta vía, que varía de un servicio a otro, en ninguna parte el documento cierra la posibilidad de que puedan efectuarse transacciones en efectivo en las bodegas.
La medida que responde a la necesidad de avanzar en la implementación del comercio electrónico dentro del sector e impulsar el proceso de bancarización, apunta más a garantizar el derecho de los clientes, que mayoritariamente reciben sus salarios en tarjetas magnéticas, que a obstaculizar la adquisición de los productos, así lo precisó Rogelio Hernández Méndez, director general del GEC.
Queda exceptuado de emplear estas alternativas el Sistema de Atención a la Familia (SAF), mientras que las reservaciones y pasadías en centros de alojamiento, así como la compra de materiales para la construcción se realizarán únicamente por vía electrónica.
Para los programas de Canastilla, Uniforme Escolar y Encamados, la mitad de sus ventas deberán efectuarse usando las pasarelas de pago; para evitar los malentendidos, esto no significa que usted deba llevar una parte del dinero en efectivo y otra virtual, sino que los trabajadores de los establecimientos deben gestionar que el 50 por ciento de las cuantías que ingresen por ese concepto lo hagan a través de las pasarelas de pago.
Mientras que para la comercialización del ron en la red gastronómica destinarán el 80 por ciento de las existencias a la venta por botellas, en combos y el desembolso por los mismos, electrónico; “el 20 ciento es para ofertarlo por tragos en efectivo.”
En el caso de los cigarros, es el 75 por las pasarelas y especifica el documento que el resto “es para venderlo en efectivo a personas vulnerables o que no tengan los medios para hacerlo”; también precisa que los productos de la canasta familiar normada que se expenden en bodegas y carnicerías “se acepta cualquier forma de pago, según las características de cada territorio y posibilidades de los clientes.”
Si en algo concordaremos, es que los bodegueros conocen al dedillo a sus clientes y la medida no presupone ninguna investigación, solo la aplicación consciente de la misma y claridad en la necesaria generalización de la bancarización, máxime cuando las quejas más frecuentes de los pinareños están relacionadas con las limitantes que existen para acceder al dinero físico y las trabas que en algunos centros impiden las transacciones virtuales.
El documento definía, además, que cada director municipal “es responsable de crear los canales de comunicación con sus estructuras y la población, además de analizar casuísticamente cualquier situación derivada de esta medida”.
Una vez más lo que falló fue el flujo de la información, la incapacidad de trasmitir una indicación adecuadamente para que su implementación no se convierta en otro problema a colocar sobre los hombros del ciudadano.
Y eso es para no dar espacio a especulaciones sobre la posible resistencia de directivos, funcionarios o trabajadores del sector ante esta opción, que limita la circulación de efectivo y dota de mayor transparencia las operaciones comerciales.
Reza un viejo refrán que “de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno” y aplica, porque una disposición adoptada para favorecer a los clientes se convierte en una camisa fuerza, a pesar de que el documento contentivo de la política no dejaba margen a la duda.
En los municipios de Los Palacios y Consolación del Sur fue donde se generaron el mayor número de quejas; Hernández Méndez comentó que se visitaron estos territorios para esclarecer las dudas y precisar la implementación. Añadió que lugares con deficiente cobertura o conexión, como sitios del Plan Turquino, están exentos de su aplicación y que esas demarcaciones están identificadas.
La falta de empatía, profesionalidad y responsabilidad social pueden dañarnos más que el bloqueo y las carencias, porque el descontento en la población nos mina internamente y duele que este se genere por razones asociadas a la negligencia.
