En los tribunales municipales se han juzgado, hasta el momento, 62 personas relacionadas con los sucesos del 11 de julio, explicó a Cubadebate Joselin Sánchez Hidalgo, magistrado del Tribunal Supremo Popular y Director de supervisión y atención a la población.
Al decir del magistrado, los ciudadanos que se presentaron a disposición del Tribunal, por los órganos de investigación y la Fiscalía, fueron aquellos que tuvieron una conducta agresiva, violenta y dañina, constitutiva de delito de acuerdo al Código penal vigente.
Entre las tipicidades delictivas predominantes se encuentra, en primer lugar, el desorden público. “Del total de juzgados, 53 fueron sancionados por este delito, y otros, por los de resistencia, desacato, instigación a delinquir y daño”.
Según se informó, estos delitos tienen previstas sanciones hasta un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas o ambas.
Sánchez Hidalgo recalcó que para estas figuras delictivas con sanciones de hasta un año de privación de libertad, la ley prevé un grupo de garantías y derechos. “Tanto el denunciante como el acusado tienen el derecho de aportar pruebas. De igual manera, el imputado podrá comparecer con un abogado de su elección si lo considera y está en su derecho de mostrar inconformidad con los miembros del Tribunal”.
Igualmente, la ley establece que este puede declarar o abstenerse a hacerlo, así como ser escuchado nuevamente después de la práctica de prueba y antes de concluir el acto de juicio oral, así como a establecer recurso de apelación contra la sentencia del tribunal.
“Nosotros podemos asegurar que en los juicios orales celebrados por el tribunal contra 62 acusados se han realizado con estricto apego a estas garantías que establece la Ley de Procedimiento Penal, y que, además han sido refrendadas en la Constitución de la República, en particular al derecho a la práctica de prueba”.
En cuanto al derecho de defensa, se aclaró que, en los delitos sancionables hasta un año de privación de libertad o multa hasta 300 cuotas, como resultan ser los tramitados por estos hechos, el tribunal admite la presencia del defensor, si el acusado concurre al juicio asistido de este, conforme lo establecer el Artículo 368 de la Ley de Procedimiento Penal.
Enfatizó además que el Tribunal dio las facilidades a todos aquellos acusados que mostraron intención de nombrar abogados. “La Organización Nacional de Bufetes Colectivos también puso abogados a disposición de estas personas para, si querían ejercer ese derecho, procedieran a su contratación y fueran asistidos en representación de sus intereses”.
En este sentido, se dio a conocer que 22 de los acusados comparecieron al acto de juicio oral asistidos de un letrado.
Por otra parte, de todas las personas juzgadas hasta la fecha, una resultó absuelta, entre tanto, 45 establecieron recursos de apelación.
Según el Director de supervisión y atención a la población, 40 de ellos han designado abogado, los cuales estarán presentes en el acto de la apelación y aquellos que recurrieron por sí mismos, también pueden ante el tribunal provincial, designar abogado para que comparezca a la vista de apelación y proponer pruebas.
En el diálogo con Cubadebate, el especialista dijo que 21 sancionados, por otros procesos y que en el momento de lo hechos, se encontraban extinguiendo sanciones subsidiarias de la privación de la libertad o estaban en libertad condicional. “Cuando se realizaron las acciones indagatorias, se determinó que habían incumplido las obligaciones que tenían impuestas por la ley y se les revocó ese beneficio o la sanción subsidiaria”.
El magistrado comentó que el Tribunal Supremo Popular ha recibido seis inquietudes relacionadas fundamentalmente con el tema del derecho a la defensa y también de inconformidad con las sanciones impuestas.
“En el caso de los hechos más violentos o de mayor gravedad acontecidos el 11 de julio, aún están en investigación y por tanto no han llegado al Tribunal”, concluyó.
No existe un socialismo eficiente si no tenemos un grupo de instituciones que proteja los derechos de las personas
Para Dixán Fuentes Guzmán, fiscal jefe de la dirección de Atención a los Ciudadanos de la Fiscalía General de la República, si de materia de derechos se habla en Cuba, es preciso centrar la mirada en lo estipulado en el artículo 61 de la Constitución de la República.
Este apartado les concede el derecho a las personas de establecer quejas y peticiones a las autoridades e instituciones, obligándolas a tramitarlas y dar respuestas oportunas, pertinentes y en el plazo establecido.
“Todas las personas que han reclamado a la Fiscalía por los hechos del día 11 de julio van a tener una respuesta oportuna en el plazo establecido. Así lo define nuestra Carta Magna, pues atender y dar solución a los problemas planteados por los ciudadanos y hacerlo con calidad, también tiene que ver con la esencia del socialismo que construimos. Y no existe un socialismo eficiente si no tenemos un grupo de instituciones que proteja los derechos de las personas”, comentó.
El fiscal opinó que el establecimiento de la queja es recurso importante para detectar las causas y condiciones que todavía generan los problemas en el pueblo. “Nosotros tenemos que trabajar necesariamente por disminuir las quejas de nuestros ciudadanos, yo creo que el pueblo de Cuba, nuestro pueblo, merece que nos equivoquemos menos. Y los ciudadanos merecen que cuando nos equivocamos tengamos la capacidad de reconocer y de restablecer cuando se hacen mal las cosas”, destacó.
Sobre este asunto detalló que de enero a julio la Fiscalía General de la República ha atendido a más de 47 000 personas y ha recibido más de 9000 quejas.
“Esto demuestra a todas luces que el pueblo confía en la Fiscalía. Nadie se queja. Nadie le solicita a una institución algo, si no confía en ella”, añadió.
Del 11 de julio al 3 de agosto del presente año, motivados por los hechos del 11 de julio han sido atendidos en las dependencias de la FGR 215 personas, de las cuales 47 establecieron reclamaciones.
Destacó, además, que estas peticiones han sido atendidas por las mismas 10 vías que tiene la Fiscalía para intercambiar con la población, las que han estado funcionando todo el tiempo, para dar respuesta a nuestro pueblo.
Añade que, las 215 personas atendidas fueron, de manera personal, por la línea única, el buzón portal web, las redes sociales, el correo electrónico y la plataforma bienestar.
“Las quejas que hemos recibido han estado vinculadas con 12 provincias y el municipio especial de la Isla de la Juventud. Los ciudadanos que lo han hecho han planteado su inconformidad con el proceso penal que se ha radicado contra su familia. También hemos aceptado las peticiones de personas que no tienen vínculo de familiaridad con los acusados”.
¿Cuáles han sido los principales planteamientos? En primer lugar, el desconocimiento del lugar donde se encuentran detenidos sus familiares o amistades.
“Eso ha sido fundamentalmente en los primeros momentos. ¿Esto es desaparición forzosa? No. Las personas lo que no conocen en el primer momento donde están detenidos y los fiscales tienen la responsabilidad de comprobar que el Ministerio del Interior haya cumplido con las indicaciones que están establecidas en ley de comunicar con inmediatez a los familiares el lugar de la detención y los motivos de la detención”.
Otro tema reiterado es la inconformidad con el lugar donde se encuentra detenido, así como la solicitud de información sobre los términos de la detención y los derechos de los acusados.
“También han mostrado inconformidad con la detención pues se esgrime que la presencia en el lugar no motivó ningún hecho delictivo.
Además se ha cuestionado la detención de personas que estaban grabando, y que no estaban realizando ningún acto delictivo, lo que se investiga en los procesos penales.
“De igual manera manifiestan su inconformidad con los delitos que se están imputando y los elementos de prueba, dijo.
El Fiscal Jefe de la Dirección de Atención a los Ciudadanos de la Fiscalía General de la República enfatizó que en menor medida se han realizado denuncias contra el Ministerio del Interior por motivos relacionados con la detención y la manera de hacerlo, lo que se investiga. “
Otro elemento señalado es la inconformidad con las medidas cautelares que se imponen. “No han sido pocas las modificaciones de este tipo de medida que la Fiscalía ha realizado a los ciudadanos a partir de los elementos que se investigan y elementos aportados por abogados y familiares, y de las valoraciones que sistemáticamente hacen los fiscales en materia del proceso penal para velar por la calidad de lo que está haciendo”, agregó.
Otro aspecto abordado estuvo relacionado como temas concernientes a menores que participaron en los hechos pero que al ser mayores de 16 años ya tienen una responsabilidad legal ante la ley.
Finalmente informó que, de las 47 quejas recibidas, a 12 se le han dado respuesta y en ninguna de ellas se han detectado violaciones a la legalidad.
