El expresidente estadounidense Donald Trump enfrenta el peso de múltiples acusaciones, que hasta hoy se centran en sus principales negocios, pero según expertos en las próximas semanas pudieran afectarlo directamente como violador de las leyes.
El ejecutivo financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, se entregó a las autoridades judiciales estadounidenses la semana pasada, tras los anuncios de que se presentarán cargos en contra de la compañía propiedad del magnate republicano.
Expertos legales dijeron al diario The Washington Post que los documentos en poder de las autoridades judiciales hasta ahora podrían proyectar una larga sombra sobre el exmandatario y su compañía.
Los fiscales argumentaron durante mucho tiempo su deseo de persuadir a Weisselberg, de que ‘cambie’ sus deposiciones ante el tribunal y reduzca su propia responsabilidad legal testificando contra Trump.
El propio exgobernante no fue aún acusado en el caso, pero los textos publicados el jueves, aseguran que el ‘exdirector ejecutivo’ de la compañía, posiblemente refiriéndose a Trump, firmó personalmente ‘muchos de los cheques de compensación ilegales’.
En un mitin el sábado por la noche en Sarasota, Florida, Trump acusó a los fiscales de ‘convertir la ley en un arma’ en su contra, pero no refutó sus acusaciones y en una entrevista televisiva en Fox News, el exjefe de la Casa Blanca señaló que ‘esta es la persecución de un enemigo político’.
En documentos presentados en la Corte Suprema de Nueva York la semana pasada, los fiscales afirmaron que la compañía estuvo durante 15 años pagando a su director financiero ‘fuera de los libros’, dándole autos, un apartamento, pagos de matrícula y efectivo que ocultaban a las autoridades fiscales .
Pero al mismo tiempo, según las acusaciones, la Organización Trump también guardaba hojas de cálculo internas que contaban los pagos que se estaban ocultando.
Los fiscales trataron esos documentos como el equivalente contable de una confesión y al respecto dijeron que los propios libros de contabilidad mostraban el tamaño del fraude, pues solo el director financiero evitó pagar más de 900 mil dólares en impuestos, una omisión que la empresa sabía era incorrecta.
El caso contra la compañía de Trump y Weisselberg podría durar hasta el próximo año y más allá, dijeron los expertos legales, porque los ya reacios tribunales estatales de Nueva York se ralentizaron aún más por las demoras y las precauciones adoptadas contra la propagación del coronavirus.
Además, el jueves, los abogados de Weisselberg dijeron que necesitarían revisar potencialmente millones de páginas de evidencia en el caso, lo que podría retrasar aún más el proceso, y la próxima audiencia del caso está programada para el 20 de septiembre.
