A poco más de un mes de su puesta en marcha, la mini fábrica de helados de Consolación del Sur, en Pinar del Río, se ha convertido en uno de los sucesos más notorios de ese municipio, toda vez que garantiza la presencia del alimento en unidades de gastronomía, el parque infantil e instituciones de Salud Pública. La inversión fue posible por los aportes concebidos dentro del uno por ciento de la contribución territorial.
En la zona de Vueltabajo el año pasado se utilizaron 24 millones 720 mil 500 pesos por este concepto los cuales se ejecutaron fundamentalmente en obras asociadas a la erradicación de pisos de tierra, las fábricas de helado de Consolación del Sur y Los Palacios, el arreglo de caminos y parques, y en dar respuesta a casos sociales para la compra de colchones y otros recursos.
No obstante, en otros territorios la experiencia ha navegado con menos suerte. En la provincia de Camagüey, según la jefa del Grupo de los Proyectos de Iniciativa de Desarrollo Local no tienen ningún proyecto financiado por la Contribución Territorial del uno por ciento, aunque con la recaudación de más de 46 millones de pesos hasta noviembre último fueron financiadas importantes obras de impacto socioeconómico.
El montaje de mini industrias para la producción de materiales de la construcción, la reparación y mantenimiento de las ya existentes, y la compra de molinos de bola y para triturar piedras, se incluyen entre las acciones beneficiadas con el aporte del uno por ciento.
Sin embargo, lo entregado hasta la fecha, 13 millones 776 mil 400 pesos, estuvo por debajo de la cifra correspondiente al 50 por ciento establecido para respaldar y garantizar con ese financiamiento la ejecución de obras en los municipios, por el incumplimiento de los ingresos cedidos.
En Sancti Spíritus, Carlos Gotera González, director provincial de Finanzas y Precios, explicó que en el 2019 se ejecutaron en la provincia 16.7 millones de pesos derivados del aporte del uno por ciento de la contribución territorial.
Ese monto se destinó fundamentalmente al montaje de 15 mini industrias para la producción local de materiales de la construcción, reparación, rehabilitación y mantenimiento de círculos infantiles, centros educacionales, consultorios del médico de la familia, policlínicos, unidades del comercio y la gastronomía y viales.
La base imponible para la contribución territorial aparece en la Ley 113/2012, del Sistema Tributario, y tiene como punto de partida los ingresos provenientes de la venta de bienes y la prestación de servicios, atribuibles a cada establecimiento o la propia empresa, sociedad o cooperativa.
Su aplicación comenzó de forma experimental en 2013 por las provincias de Artemisa y Mayabeque, un año después se extendió a 25 municipios del país y en el 2015 se generalizó a todos. La contribución territorial se puede utilizar en proyectos para el desarrollo integral en los municipios y los de desarrollo local; proyectos y programas productivos y/o servicios que contribuyan a generar fuentes de ingresos, de empleo y ampliar o crear capacidades productivas o de servicios sostenibles; y en gastos corrientes y de capital cuando se incumplan los ingresos cedidos.
Pero más allá de los beneficios fundamentalmente sociales que se han logrado, hay ciertas dispersiones o vaivenes que impiden un mejor aprovechamiento de esa oportunidad para el desarrollo, en manos de los consejos de la administración en cada localidad. ¿Se utiliza siempre de la forma correcta?
ENTRE OPORTUNIDADES Y DISTORSIONES
Al ser consultados por la Agencia Cubana de Noticias, Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), y María Cruz García, también viceministra del organismo, coincidieron en que este mecanismo tiene muchas potencialidades pero necesita perfeccionarse.
La viceministra Cruz García señaló que en los últimos años en no pocos lugares ha existido la tendencia de destinar lo recaudado del uno por ciento fundamentalmente a labores constructivas, de mantenimiento o reparación de instalaciones sociales y viales que, aun cuando solucionan viejos planteamientos de los electores, no siempre responden a los referidos propósitos.
Hay que gastar también en proyectos que rentabilicen ese recurso puesto en una inversión, que generen niveles productivos y de servicios, aclaró Regueiro Ale.
Ante todo, agregó tenemos que perfeccionar la forma en que se planifica su uso, por constituir la primera fuente de financiamiento de un proyecto de desarrollo local, evitar la improvisación y pensar en un concepto más integrador, en algo que movilice tanto recursos humanos en la generación de empleo, como los de carácter endógenos, desde materias primas hasta insumos, con los cuales pueden fomentarse encadenamientos y a la larga convertirse en fuente de financiamiento.
A su vez con el presupuesto general tenemos que perfeccionar los sistemas de controles para evitar desviaciones del empleo de la propia contribución, y lo ideal es hacer con los delegados de circunscripción un levantamiento de las necesidades de la población, para ir dando respuesta a los planteamientos de los electores, manifiesta el entrevistado.
También en cada territorio tenemos que perfeccionar la identificación de todos los centros que deban aportar al municipio, pues hoy tenemos un nivel de concentración del mencionado tributo en las empresas, en los grupos empresariales, cuando por naturaleza debe pagarse por su propia unidad empresarial de base y no centralmente.
Pero además, debo recordar –continúa Regueiro Ale-la necesidad de que todo esto se plasme en las relaciones contractuales, que deben suscribir el CAM a la hora de definirse el destino o uso de ese uno por ciento. La reparación de una heladería o de lo que sea debe partir de un contrato, y periódicamente evaluar la calidad por lo que se está pagando.
Ha habido distorsiones o problemas particularmente con las formas no estatales de gestión, y de lo que se trata es de definir bien las reglas del juego, si quien firma el contrato es la persona autorizada por ley, tener en cuenta las tarifas de los servicios, si no están desproporcionadas y en todo ello hay que ponerle mucho control y fiscalización.
INVERTIR EN EL FUTURO
En el 2020 los ingresos planificados para la contribución territorial se proyectan en mil 144 millones de pesos, similar al comportamiento del año anterior.
Precisan fuentes ministeriales que se mantendrá la gestión y aplicación de estos recursos financieros, considerando el 50 por ciento para respaldar decisiones de los gobiernos locales en función del desarrollo local sostenible y, en lo fundamental, en inversiones que potencien las exportaciones, la sustitución efectiva de importaciones, los servicios, que generen empleos y posibiliten incrementar los ingresos a los presupuestos locales.
Cada localidad tiene áreas que puede explotar, ya sean sus recursos naturales, su riqueza cultural o pensar en cuestiones tan necesarias como la producción local de materiales de la construcción, un elemento imprescindible para poder hacer realidad la política de la vivienda aprobada en el país.
Pero también urge destinar ese uno por ciento a inversiones que potencien las exportaciones, la sustitución efectiva de importaciones, los servicios, que generen empleos y contribuyan a incrementar los ingresos a los presupuestos locales.
Entonces se requiere perfeccionar la forma en que se planifica su uso, por constituir la primera fuente de financiamiento de un proyecto de desarrollo local, y evitar la improvisación.
En momentos que el país promueve toda una estrategia económica dirigida a fortalecer los municipios, y que adquieran la autonomía necesaria, sustentable, con una sólida base económica-productiva, resulta vital valorar en este asunto por dónde andan los tiros, pues si bien gracias al referido tributo son alentadores los resultados o los beneficios sociales que se exhiben por doquier, cabría preguntarnos si realmente se explotan todas las reservas, si son eficientes el control, la planificación, el uso o destino de ese dinero, la calidad de las obras.
