Hay muchas paradojas en esta pandemia, la mayoría sobre cómo los más ricos y poderosos se benefician del desastre y lo empeoran. El mecanismo COVAX es una de ellas. Se presenta como forma de acceso más equitativo a las vacunas para COVID-19, pero en realidad es una forma de facilitar los negocios de las grandes farmacéuticas y proteger sus patentes, lo cual impide que los países del Sur global puedan disponer de suficientes vacunas. No es un efecto secundario o accidental: la escasez es un elemento importante para las empresas, ya que garantiza la demanda y aumenta los precios.
Un reciente reporte sobre COVAX del experto Harris Gleckman -antes funcionario de ONU- publicado por Amigos de la Tierra Internacional, analiza con rigurosidad el mecanismo, revelando una perversa iniciativa comercial contra la salud pública, diseñado y promovido por la Fundación Bill y Melinda Gates.
COVAX funciona como un banco comercial, para hacer compras conjuntas a gran escala a las transnacionales, lo que a estas les otorga aún mayor seguridad a sus inversiones, aunque ya han recibido cuantiosa financiación pública para desarrollarlas. No cuestiona sus precios ni condiciones leoninas. Al contrario, facilita a las empresas la entrada a nuevos mercados en países pobres, sin costo ni riesgo para ellas.
Las miserables entregas “gratuitas” que realiza a esos países ya han sido pagadas por otros o por instituciones públicas multilaterales. Al entrar con vacunas patentadas, favorece los mecanismos de mercado en la atención de salud pública.
Que se produzcan y distribuyan equitativamente vacunas seguras en una pandemia global, es un rol de la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas (OMS), no de una institución privada como COVAX. Esta se ha apropiado de tal función para prevenir que se tomen medidas imprescindibles y necesarias, como la cancelación de patentes y el apoyo internacional al fortalecimiento de capacidades nacionales para prevenir próximas pandemias.
Como asociación público-privada, COVAX es una institución de “partes interesadas” (stakeholders), sin transparencia ni rendición de cuentas, donde los grandes actores privados como la gran farmacéutica, que actúa por interés de lucro, deciden tanto o más que gobiernos e instancias públicas de la comunidad internacional.
Fue fundada por la Alianza Mundial para las Vacunas e Inmunización y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación para Epidemias (GAVI y CEPI por sus siglas en inglés), esta última fundada en el Foro Económico Mundial de Davos. Y, ambas, diseñadas y financiadas por la Fundación Bill y Melinda Gates. Aunque la OMS figura también como fundador y participante, su papel es marginal y parece más bien una fachada. GAVI es quien administra el mecanismo y su máxima instancia de decisión está presidida por los presidentes de directorio de GAVI y CEPI. 180 gobiernos se han enlistado en COVAX, pero deciden poco o nada sobre sus formas de acción, contratos, etc.
Según la OMS, el porcentaje de vacunación para obtener inmunidad colectiva debería ser mayor al 60% en todos los países simultáneamente. Numerosos reportes de Naciones Unidas y prensa dan cuenta diariamente de cómo los países industrializados acaparan la mayoría de las vacunas, incluso algunos países como Canadá, más de tres veces las dosis necesarias para toda su población. COVAX no ha hecho nada, salvo pedir amablemente a esos países que donen las vacunas que no van a usar (ya pagadas a las empresas, obviamente).
Para lograr ese nivel de vacunación global, la única vía sería que todos los países con capacidad de producir vacunas a nivel nacional lo hicieran y apoyaran directamente a los que no lo tienen. Un primer paso para ello es cancelar todas las patentes y otras restricciones de propiedad intelectual para acceso y transferencia de vacunas y tratamientos relacionados a la COVID-19. Esto ya fue planteado por India y Sudáfrica y apoyado por más de 100 países en la Organización Mundial de Comercio (OMC), pero Estados Unidos, Europa y otros países sede de trasnacionales farmacéuticas se han opuesto ferozmente.
Varios países del Sur global, entre ellos India, Sudáfrica y Brasil, tienen capacidad de producción y distribución de vacunas. En muchos más esa capacidad ha sido debilitada por las políticas neoliberales de las últimas décadas, pero podrían ser apoyados para reactivar la producción nacional. Esto es lo que COVAX quiere impedir, siguiendo el modelo de acción que lleva también GAVI.
COVAX funciona también como una forma de privilegiar las vacunas transgénicas, patentadas y altamente experimentales, llenas de incertidumbres y riesgos, como las vectorizadas por virus, que insertan ADN (entre ellas AstraZeneca, Johnson y Johnson, Sputnik, CanSino) y las de ARN (como Pfizer y Moderna).
El reporte de Gleckman señala que también este mecanismo ha funcionado para marginar opciones más accesibles y públicas producidas en China, así como la de Rusia, aunque tiene el mismo modo de acción que las que sí aprobaron.
Lamentablemente, no solo COVAX, sino también la OMS y gobiernos promueven esas vacunas más caras y riesgosas, obviando que las empresas seguirán provocando escasez y que existen opciones con métodos convencionales probados, como virus atenuados, inactivados o de sub-unidades proteicas (este último es el caso de las vacunas cubanas), que además son las que mejor se podrían producir a nivel nacional.
