La llegada de 2021 marca hoy una nueva etapa de retos y cambios para Cuba en medio del bloqueo de Estados Unidos, el combate a la Covid-19 y el inicio del ordenamiento monetario.
La hostilidad de Washington se ratificó en 2020 como el principal obstáculo para el desarrollo de la isla y el cumplimiento de la Agenda 2030, de acuerdo con el más reciente informe presentado por La Habana en Naciones Unidas.
Entre abril de 2019 y marzo de 2020, las regulaciones y disposiciones emitidas llegaron a niveles de hostilidad considerados sin precedentes.
Entre otras, destacaron la posibilidad de establecer demandas al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton; el incremento de la persecución de las transacciones financieras y comerciales y la campaña de descrédito contra los programas de cooperación médica cubana.
Las consecuencias resultaron más crueles en el contexto de enfrentamiento a coronavirus SARS-CoV-2, que marcó un escenario de presión adicional para el sistema de Salud Pública, al dificultar la adquisición de materiales, equipos y otros insumos para salvar vidas.
Sin embargo, el país consiguió enfrentar con éxito la pandemia en el 2020, cuando ocupó el lugar 124 en el listado de naciones afectadas al cierre del año.
Los índices de la mayor isla del Caribe son de mil 25 casos por millón de habitantes y 13 fallecidos con respecto a esa misma población, de acuerdo con recientes informaciones del Ministerio de Salud Pública.
En este contexto, el país inicia este viernes la tarea ordenamiento, dispuesta para destrabar la economía con la entrada en vigor de la unificación monetaria y cambiaria.
Con un carácter interdisciplinario y transversal, que implica la eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas y la transformación de los ingresos, el programa es considerado por las máximas autoridades del país como imprescindible.
Desde esta jornada regirá el peso como única moneda nacional, a una tasa de cambio única de 24 pesos (CUP) por un dólar, lo que implica el cese de la circulación del peso cubano convertible (CUC).
Además, entran en vigor 19 resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en torno a los salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social para una mejor redistribución de la riqueza, a fin de que los asalariados y pensionados mejoren su capacidad adquisitiva.
La tarea ordenamiento favorece además una mayor transparencia en las relaciones entre los diversos actores económicos, incluidas las formas de gestión no estatal.
