Tras más de 20 años de dualidad monetaria, Cuba llegará al 2021 con una sola moneda y un tipo de cambio, transformación imprescindible para el desarrollo económico del país, pero que encierra grandes desafíos.
El propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció que la desaparición del peso cubano convertible (CUC) a partir del 1 de enero y el establecimiento de una tasa de cambio única de 24 pesos (CUP) por un dólar, no es una solución mágica a los problemas.
La llamada Tarea Ordenamiento favorecerá la creación de condiciones para avanzar de manera más sólida, sin amenazar las conquistas sociales de la Revolución, refrendadas en la Constitución, aseveró el mandatario.
El reordenamiento monetario busca, entre otras cuestiones, eliminar la ineficiencia existente hoy en el ámbito empresarial del país.
Al respecto, Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba, advirtió que el proceso provocará pérdidas a algunas entidades, según sus cálculos serán 426.
El Estado dispuso un presupuesto de 18 mil millones de pesos para ayudar a esas empresas y evitar el despido masivo de trabajadores durante un año, periodo en que deberán ajustarse al nuevo contexto para generar utilidades.
De acuerdo con el funcionario, actualmente para el sector empresarial el cambio es de un peso por un dólar y en ese escenario las materias primas nacionales resultan más caras que las importadas, pero a partir de la devaluación de la moneda local con el cambio de uno por 24 los costos nacionales serán más baratos.
Por esa razón, las compañías más eficientes serán las que eviten las importaciones y utilicen producciones hechas en la isla, así como las exportadoras, pues éstas recibirán 24 pesos cubanos por cada dólar obtenido, remarcó el directivo.
Otra de las distorsiones a resolver será la del sistema de precios, que con dos monedas y dos tipos de cambio no da señales claras a los productores sobre cómo anda el mercado.
A eso se suman problemas de gestión, restricciones administrativas, un nivel grande de ineficiencia, falta de incentivos a los exportadores y desequilibrios macroeconómicos.
Entretanto, la principal preocupación para los cubanos es que los cambios, destinados a resolver distorsiones económicas, conlleven a un alza de los precios tras la eliminación de subsidios y gratuidades indebidas.
Ese será precisamente uno de los retos: lograr el control del aumento de precios abusivos y especulativos en el sector de comercio minorista no estatal, independientemente de la existencia de precios mayoristas centralizados para productos básicos.
Sin embargo, ‘ningún cubano quedará desamparado’, aseguró Díaz-Canel respecto a la subida de los costos de bienes y servicios como consecuencia de la devaluación del peso en el sector empresarial, la cual estará respalda por un aumento de los ingresos de la población.
El salario mínimo subirá a dos mil 100 pesos, tanto para el sector empresarial como el presupuestado y un millón 671 mil jubilados serán beneficiados con pensiones superiores a mil 528 pesos, pues ese será el valor de la canasta básica de bienes y servicios.
Además, quienes reciben apoyo financiero de la asistencia social también percibirán un aumento acorde con el alza de los valores de los productos y servicios; mientras que para las familias vulnerables, cuyos ingresos sean insuficientes, habrá un fondo de 700 millones de pesos.
Pese a la eliminación de los subsidios a determinados productos y servicios, otros los mantendrán, como los destinados específicamente a los niños hasta seis años de edad y los medicamentos para enfermedades como la diabetes o la hipertensión.
La implementación del ordenamiento tiene detrás años de estudios por parte de autoridades cubanas y expertos; aunque el propio Murillo advirtió que si es necesario rectificarán algunas cuestiones.
De hecho, subrayó ante los diputados cubanos esta semana, que todas las opiniones de la población están en revisión, incluida la nueva tarifa eléctrica, una de las medidas más polémicas.
