Casi tanto como la decisión de construir el socialismo y transformar las relaciones de producción de corte burgués-liberal, a la Revolución se le ataca por la estructuración del poder estatal y por los elementos ideológicos, funcionales y normativos que acompañan su desempeño.
En los últimos años, nuestro modelo social y económico ha venido siendo objeto de una actualización, para atemperarlo a los requerimientos de la época y del contexto geopolítico. Se hace impensable repetir fórmulas de antaño, cuando hoy impera un orden mundial signado por la unipolaridad.
Sin embargo, esta actualización no ha socavado uno de los principios fundamentales del socialismo cubano en materia sociopolítica: el sistema de Partido único, como guía y rector de la sociedad y el Estado. De ello es muestra fehaciente la Constitución, aprobada en referendo en febrero de 2019, y proclamada un día como hoy.
Sin duda, existen fundamentos históricos que respaldan este sistema. Ya en el siglo xix, aun cuando los independentistas coincidieran en la imperiosa necesidad de separar a Cuba de España por medio de la insurrección armada, no existía un proyecto político uniforme que diera solución a las ya clásicas problemáticas en torno a la conducción de la guerra y la implantación futura del Estado cubano soberano.
La falta de unidad en las fuerzas revolucionarias fue un factor decisivo en la firma del Pacto del Zanjón, en el rotundo fracaso de la Guerra Chiquita y en el fallido Plan Gómez-Maceo, por solo citar algunos ejemplos. Por ello, José Martí pensó en la necesidad de fundar un Partido, que aglutinara y coordinara los esfuerzos de los patriotas independentistas y guiara una Revolución que no se limitaría al éxito militar, sino que implantaría un nuevo orden, una república «con todos y para el bien de todos». Una Revolución que no sucumbiera ni ante los esfuerzos colonialistas por preservar el status quo, ni ante la vocación antinacionalista y plañidera de reformistas y anexionistas.
Un Partido que desafiara poderosas fuerzas dentro y fuera del ámbito nacional y social, pudiera decirse.
Son conocidas las desavenencias entre Martí y Maceo con respecto a cómo se debería conducir la guerra, la pérdida de autoridad que sufriera el Partido luego de la muerte del Apóstol, y las actitudes traicioneras y medrosas de Tomás Estrada Palma; pero es indiscutible que el Partido Revolucionario Cubano (PRC) –fundado el 10 de abril de 1892– fue vital para el inicio de la guerra del 95 y la concreción de un proyecto político que, aunque frustrado por la intervención estadounidense y la insuficiente asimilación por parte del mambisado del pensamiento martiano en toda su extensión y en todo su peso, daría sus frutos años después.
La historia del prc de Martí fue una poderosa influencia en el proceso revolucionario, que renaciera con el asalto al cuartel Moncada y que tuviera su coronación el Primero de enero de 1959. Es, sin embargo, luego del triunfo revolucionario cuando se evidencia aún más la necesidad de unir todas las fuerzas en función del mismo fin. Primero, con las Organizaciones Revolucionaras Integradas, luego, con el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba y, finalmente, el Partido Comunista de Cuba (en cuya denominación siempre es válido declarar la marcada influencia del campo socialista y del pensamiento soviético), la Revolución buscó la unidad de acción política en un país asediado por las fuerzas reaccionarias del hemisferio occidental.
En la actualidad, persiste la necesidad de esa unidad de acción política, en un escenario complejo donde no faltan falsos profetas que propugnan un retroceso a modelos de clientelismo político y cacicazgos locales.
¿Podría ser viable un modelo pluripartidista en Cuba, que no sucumbiera ante la voluntad hegemonista de los enemigos de la Revolución? El pasado y el presente nos enseñan que la dispersión de las fuerzas políticas de izquierda, por muy buenas intenciones que estas tengan, solo sirve para pavimentar el camino hacia el ejercicio del poder político público por parte de coaliciones de derecha.
En el mundo de la política, los actos son exteriorizaciones de intereses. Y el sistema de partido único es el que defiende la idea de someter la ideología de un sistema político a un solo orden de intereses: los intereses del pueblo. Y el Partido, como vanguardia organizada de ese pueblo, no solo debe interpretar y dilucidar esos intereses (en clave democrática, de acuerdo a la ley de mayorías), sino que debe proyectar estrategias que coadyuven al aparato estatal a tomar decisiones acordes con esos intereses.
Es pertinente, por ende, dilucidar fundamentos jurídicos que respalden esas funciones del Partido, ese papel que debe tener en la política nacional y en la compleja dinámica del sistema político cubano.
El modelo de Partido único en Cuba se define en la Constitución, que instituye al pcc como guía del Estado y de la sociedad. Pero el pcc no tiene funciones electorales, no tiene potestad para nominar o designar un candidato, para remover un cargo administrativo o para suplantar atribuciones estatales, como la impartición de justicia o la administración pública.
El modelo de Partido único no puede emularse al de «unipartidismo» o «monopartidismo», pues esto implicaría que el pcc acudiera a las elecciones como única opción posible. En cambio, la ley cubana no establece como requisito para ser candidato (en ningún nivel de la magistratura pública) el ser militante. Es decir, el Partido único forma parte de un modelo político en el que lo que importa no es la filiación a una organización sino la sujeción a intereses y voluntades populares.
Hoy, el modelo de Partido único es blanco de ataques por parte de la plataforma de restauración capitalista que se urde para Cuba, y que para ello se vale de medios impresos y digitales, propaganda en redes sociales, creación y difusión de contenidos academicistas, tergiversación de la historia y del ordenamiento jurídico, etc.
La defensa que debemos hacer del rol del pcc ha de basarse en la profundización del conocimiento sobre la distinción entre Partido y Estado, como elementos del sistema político cubano, la diferenciación de las funciones partidistas (en todos sus diversos niveles) y la promoción de investigaciones que brinden sustento científico a la defensa de esta faceta tan distintiva de nuestra realidad política y social.
Cuando celebramos un año de la promulgación de la Constitución vigente y otro aniversario más de la primera Carta Magna que tuviera la República mambisa en armas, Cuba se halla inmersa en una contingencia epidemiológica que casi parece abarcar cualquier ámbito de discusión o reflexión. Sin embargo, más allá de este presente lleno de retos, está el futuro y la tremenda responsabilidad que tenemos de pensar a Cuba y su sistema político. El Partido y el Estado socialista de Derecho son, en ese sentido, cuestiones medulares a defender y perfeccionar siempre.
Precisiones
Cerca de nueve millones de personas participaron en las más de 133 000 reuniones. Podemos afirmar que no se trató de una mera asistencia, sino que consciente, responsablemente y con absoluta libertad, todos pudieron exponer sus criterios, lo que también contribuyó a elevar la cultura jurídica de los ciudadanos. Hubo más de 1 700 000 intervenciones, de las que se derivaron unas 783 000 propuestas.
El pueblo, con su participación, se convirtió en el verdadero constituyente. Bastaría reiterar que, como resultado del aporte popular, el proyecto tuvo variaciones en casi el 60 % de su articulado.
Es significativo que la mayoría de los cubanos que ejercieron el voto pertenecen a las generaciones nacidas con posterioridad al triunfo revolucionario, lo que refleja la fortaleza y continuidad de nuestros principios.
Los resultados del Referendo son una prueba inequívoca de esta afirmación. El 90 % de los ciudadanos con derecho electoral concurrieron a las urnas, y de estos, el 86,85 % votaron a favor, cifra que a la vez representa el 78,3 % del total de compatriotas con derecho al voto, con la cual quedó refrendada la nueva Constitución de la República.
Relevante resultó también el 95,85 % de las boletas válidas, y que solo el 9 % votó en contra. Con relación a este último dato, en no todos los casos ello significó un rechazo al contenido general de la nueva Constitución, sino que obedeció a criterios contrarios sobre temas específicos.
Cuba demostró, una vez más, que desde mecanismos democráticos y basados en el derecho a la libre determinación es posible afianzar su sistema socialista como una alternativa viable en momentos de una escalada en la agresividad del imperialismo, que intenta desacreditar opciones progresistas de desarrollo social.
