Tras casi un año en el poder, el presidente estadounidense, Joe Biden, no demuestra intención alguna de cumplir su promesa electoral de reiniciar el deshielo con Cuba; en cambio su política contra la isla se fortalece.
De acuerdo con el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos constituyó el mayor obstáculo para el enfrentamiento a la Covid-19 en el país, que tuvo en 2021 su etapa más compleja.
Durante la pandemia, la mayor de las Antillas afrontó el cerco norteamericano, recrudecido ya con 243 medidas dictadas por la administración del expresidente Donald Trump (2017-enero de 2021), las cuales se mantienen intactas y engrosan bajo el gobierno del actual mandatario.
Estas incluyen el mantenimiento de la isla en la unilateral lista elaborada por Washington de países que, en su criterio, no contribuyen suficientemente a la lucha contra el terrorismo internacional.
Como resultado de esas sanciones, el sistema de salud cubano se vio privado de la adquisición de tecnologías, medicamentos y material sanitario adecuado como guantes, mascarillas y ventiladores pulmonares, para el enfrentamiento a la emergencia sanitaria en los centros hospitalarios.
Las medidas del bloqueo obligan a Cuba a buscar intermediarios para acceder a determinados productos, pagar más por concepto de seguro y flete, y al incremento de las comisiones que aplican las entidades bancario-financieras, lo cual eleva significativamente de los gastos que debe asumir la isla.
Según la página del Banco Central de Cuba, solo en el 2020 se registraron afectaciones al sistema bancario de la isla caribeña en 191 acciones asociadas a 99 entidades financieras extranjeras; una situación que se agravó durante el año que concluye con la persecución a las transacciones de la isla.
De acuerdo con Rodríguez, el cerco norteamericano tiene un costo diario de entre 12 y 15 millones de dólares para el pueblo cubano, y afecta a todas las esferas de la economía.
INCREMENTO DE LAS SANCIONES
La administración de Biden incrementó, de manera oportunista, las sanciones contra empresas cubanas en medio de la crisis epidemiológica y económica internacional con el propósito de asfixiar a la economía, crear malestar en la población y provocar un cambio de régimen.
“El plan imperialista es ayudar a que la pandemia provoque muertes y cifras incontrolables de contagios”, denunció Carlos Fernández de Cossío, director general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Como parte de esa estrategia, se impulsa simultáneamente desde la nación norteña una intensa campaña mediática de descrédito, atizada con el empleo de las redes sociales, para incentivar protestas y crear una imagen de Cuba como estado fallido que justifique el sostenimiento y fortalecimiento de esa política.
Recientemente, en comparecencia ante el cuerpo diplomático acreditado aquí, el canciller Bruno Rodríguez denunció los intentos persistentes de Washington de subvertir el orden constitucional mediante la organización y financiamiento de agentes externos e internos, lo cual calificó como un acto grave y violatorio del Derecho Internacional.
Denunció, asimismo, la participación en ese propósito de altos funcionarios de la Casa Blanca, otras agencias norteamericanas y figuras gubernamentales de ese país.
Este enfoque se utiliza para recrudecer el cerco contra la isla, a partir de campañas con una fuerte maquinaria comunicacional en base a la mentira, aseveró.
NUEVAS AMENAZAS
Frente a la convocatoria a la fracasada marcha contrarrevolucionaria el 15 de noviembre último, la cual fue calificada de ilegal e ilegítima por las autoridades de la isla, altos funcionarios estadounidenses adelantaron amenazas de más sanciones contra Cuba.
El pasado 8 de noviembre, tras 10 meses de gobierno de Biden, Jake Sullivan, su asesor de Seguridad Nacional, afirmó en una entrevista con la cadena CNN, que “las circunstancias cambiaron” en la estrategia hacia la isla tras disturbios ocurridos en varias ciudades de Cuba el 11 y 12 de julio último.
Pero mucho antes de esos hechos, Washington había dejado claro que no cambiaría sustancialmente la política de Trump sobre ese tema.
En abril de este año el asesor del dignatario norteamericano para Latinoamérica, Juan González, afirmó que en materia de política hacia Cuba, Biden “no es Barack Obama” -quien iniciara un proceso de acercamiento con la isla- y planteó que la revisión de esa estrategia no era prioridad de la actual administración.
Cinco meses después, el presidente estadounidense firmó la prórroga, por un año más, de la Ley de Comercio con el Enemigo, uno de los estatutos de la Casa Blanca que sostiene el bloqueo contra Cuba.
El memorando firmado por el mandatario de ese país norteño reza que “la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante un año es de interés nacional” de su país, y expone como fecha para una nueva revisión el 14 de septiembre de 2022.
La reiterada prolongación del bloqueo desconoce el rechazo de la mayoría absoluta de la comunidad mundial, expresada en junio pasado, en su vigésimonovena ocasión, por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Esta vez, 184 países expresaron su respaldo a la resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, presentada por la isla, mientras dos votaron en contra (EEUU e Israel) y tres se abstuvieron.
Ante este escenario de recrudecimiento de la hostilidad de Washington, creció sin embargo la solidaridad internacional con la isla, expresada en pronunciamientos y acciones concretas de ayuda de gobiernos, parlamentarios, organizaciones internacionales, personas de buena voluntad y cubanos residentes en el exterior.
Toneladas de insumos médicos, alimentos y medicamentos arribaron a Cuba para contribuir a enfrentar la compleja situación epidemiológica y económica derivada la pandemia y el cerco estadounidense.
Pese a la persistencia de la política de Washington, esta nación antillana finalizará 2021 con la totalidad de su población vacunable inmunizada contra la Covid-19 con inyectables propios, incluida la comprendida en edades pediátricas (de 2 a 18 años), e inmersa en una batalla por la recuperación económica, con el regreso gradual a la normalidad.
