El 28 de mayo, el Gobierno de los Estados Unidos anunció finalmente un grupo de medidas para poner en vigor sus anuncios del 16 de mayo de 2022. El objetivo de este paso, según el texto publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), es favorecer al sector privado en Cuba.
Las medidas son limitadas y no tocan el cuerpo fundamental del bloqueo contra Cuba ni las sanciones adicionales que conforman la política de máxima presión. Una vez más, la decisión del gobierno estadounidense descansa en su propia visión distorsionada de la realidad cubana, al pretender separar, artificialmente, al sector privado del sector público, cuando ambos forman parte del sistema empresarial cubano y de la sociedad en su conjunto.
Con este anuncio el gobierno de los Estados Unidos pretende dirigirse hacia solo un segmento de nuestra población. No se eliminan ni modifican las medidas coercitivas que más afectan hoy a la economía cubana y los servicios públicos y que dañan duramente el bienestar de toda nuestra población.
De concretarse las medidas anunciadas, Estados Unidos busca poner en una situación de ventaja al sector privado que se ha establecido legalmente y ha crecido bajo las medidas tomadas en acto soberano por el gobierno de Cuba en consulta con el pueblo cubano. Lo mismo ha ocurrido con el acceso a Internet establecido y expandido por Cuba a pesar de los obstáculos del bloqueo y las restricciones para impedir el libre acceso a cientos de herramientas y sitios web.
El Gobierno de los Estados Unidos ha sido explícito en su intención de utilizar a este sector con fines políticos contra la Revolución, en función de sus objetivos de cambio de régimen.
Aunque se trate de una selectividad caprichosa, ambos, tanto el sector público como el privado, seguirán sufriendo las consecuencias del bloqueo y la absurda inclusión de Cuba en la lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo.
Las medidas coercitivas que componen el bloqueo económico seguirán en vigor con cruel efecto para toda la población cubana.
Es evidente que EE.UU. ratifica su voluntad de castigar al sector estatal de Cuba, conociendo que éste presta servicios esenciales como educación, salud, cultura, deportes y otros a todos los cubanos, incluyendo el sector privado; y que es la garantía de la justicia social y la equidad entre los ciudadanos. Por ello se adoptaron medidas recientes por el gobierno estadounidense para perseguir la cooperación médica internacional de Cuba y se han publicado documentos que revelan que continúa la apuesta por privarnos de ingresos y desestabilizar el país con fines políticos de dominación.
El gobierno cubano estudiará estas medidas y, si no violan la legislación nacional y significan una apertura que beneficie a la población cubana, aunque solo sea a un segmento, no obstaculizará su aplicación.
