El escenario complejo de la economía de Cuba tiene hoy en los procesos inflacionarios un enorme desafío, particularmente por su impacto negativo en la población y las repercusiones en el panorama social.
Definido como una de las prioridades por el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, el enfrentamiento a ese fenómeno que encarece la vida de los cubanos está igualmente ligado a la atención a las personas vulnerables, otro de los asuntos jerarquizados por la dirección del país.
Es un tema complejo que no tiene una solución única, insistió Gil en conferencia de prensa este jueves, y añadió que se estudian todas las alternativas posibles que no tienen un corte neoliberal, a lo cual aportan los estudiosos de la economía y la academia.
No obstante, enfatizó en que sin incrementar la oferta no es posible aspirar a un control efectivo de los procesos inflacionarios, algo que en el contexto cubano, con el azote de la Covid-19, el bloqueo económico y las más de 240 medidas unilaterales de Estados Unidos apretando la garganta de la nación caribeña, resulta todo un reto.
A pesar de ello, la isla actualmente atraviesa un proceso gradual de recuperación económica y aspira a concluir el año con un crecimiento del producto interno bruto (PIB) en el entorno del dos por ciento, sostuvo el propio viceprimer ministro.
Advirtió, sin embargo, que tomará tiempo volver a los niveles de actividad del 2019, pues se trata de remontar la contracción de un 10,9 por ciento experimentada en 2020.
La inflación es, para la población, la cara más visible de esa caída, al tener que pagar en el mercado ilegal hasta siete veces el valor de productos de primera necesidad como alimentos, debido a la insuficiente oferta en el mercado formal.
A esto se suma el impacto del proceso de ordenamiento monetario iniciado el 1 de enero del 2021, que implicó la devaluación del peso cubano frente al dólar (1 por 24), el incremento de los precios y del poder adquisitivo, al aumentar también salarios y pensiones.
Todo esto incide en que por el momento las autoridades económicas no puedan precisar a cuánto asciende la inflación.
Gil explicó que aunque es posible comparar los precios oficiales del 2021 contra los del 2020, ese cálculo mostraría solo una parte de la realidad, donde se incluye el impacto de la devaluación de la moneda, pero no puede eludirse que muchas personas no adquieren los productos en el mercado establecido, sino en el ilegal.
‘No cabe la menor duda de que la inflación es fuerte’, dijo el ministro de Economía, pero afirmó que es un objetivo de la política del país hacerle frente sin acudir a soluciones neoliberales.
Sobre los caminos para ello mencionó la eliminación de los aranceles a las importaciones de alimentos y medicamentos, así como para los insumos traídos del exterior por las formas de gestión no estatal; un sacrificio fiscal que busca evitar el traslado de esos costos a los precios finales.
De igual forma, fueron autorizadas las ventas de garaje, se abrieron alrededor de 60 casas comisionistas en el país y se quitaron las trabas que existían para la comercialización de inventarios ociosos, todo lo cual contribuye a incrementar las ofertas.
El viceprimer ministro concedió un papel importante al incremento de la producción agropecuaria y se refirió al control de la liquidez en manos de la población; mas significó que las medidas fiscales, monetarias y otras administrativas solo tendrán un efecto limitado.
‘Mientras haya escasez de oferta y personas que se dediquen a la reventa, si hay una demanda en capacidad de adquirir esos productos a los precios que hoy tienen en el mercado, continuarán los procesos inflacionarios’, apuntó.
El valor de las divisas en la economía subterránea también impacta en este fenómeno, pues tenerlas implica acceder a productos en moneda libremente convertible; sin embargo, explicó Gil, el país no está en condiciones de venderlas y combatir su cambio ilegal.
Agregó que la responsabilidad social y la ética cuentan asimismo en el enfrentamiento al problema, pues en un país como Cuba, que no cobra por los servicios de salud, educación y otros beneficios, es éticamente insostenible el aumento desmedido de los precios.
‘Tenemos que llamar a todos los actores a comprender la situación y no aprovecharse de las necesidades del pueblo’, acotó.
