Desafiando las tardías medidas de cuarentena impuestas para atajar la todavía incontrolable epidemia del coronavirus COVID-19, miles de personas exteriorizaron en Quito, Guayaquil y Pichincha su rechazo al denominado paquetazo económico del presidente Lenín Moreno que recorta aún más los beneficios sociales, entre ellos el presupuesto educativo, para cumplir con las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Ecuador.
El FMI, que sólo beneficia a la empresa privada, ha subrayado indirectamente su deseo de fortalecer la imagen de Lenín, muy deteriorada por la falta de decisión en el enfrentamiento a la epidemia, cuyas cifras oficiales de infectados y muertos, de por sí altas, no revelan la realidad de una tragedia que costó en su inicio la vida a unos 80 médicos y provocó que muchas personas tuvieran que ser enterradas en fosas comunes y los cadáveres de otras permanecieran varios días en sus viviendas o dejados a la intemperie por falta de atención pública.
Desde que Moreno llegó al poder, respaldado por una Alianza de izquierda que luego traicionó, se hizo evidente el abandono general de lo que se denominó anteriormente como la Revolución Ciudadana, al emprender medidas que evidenciaron la descoordinación institucional y las desigualdades en los procesos de crisis.
Ese desencuentro entre la práctica y el poder podría haberse remediado de algún modo, si se reconociese la gravedad de la situación actual sobre la crisis sanitaria, pero, sobre todo, no cerrando los ojos a las consecuencias sociales, políticas, económicas y ambientales.
De tal suerte que las condiciones de salud provocada por el coronavirus, implique comprender su alteración. Desde el punto de vista de profesionales de la salud, se deteriora aún más, cuando hay estados de marginalidad/pobreza/desprotección, incidiendo también los procesos socio-biológicos o socio-genéticos.
Añadiría que ello se agrava con el odio personal del actual presidente, a sus antiguos compañeros que lo ayudaron a llegar democráticamente al poder, así como en el rechazo a la ayuda médica cubana, terminando con el compromiso valedero que adquirió el gobierno de Rafael Correa.
Ahora bien, la cuestión no termina ahí, cuando pensamos en el problema de mercantilización de la salud, un tema que merece poner en una balanza los problemas humanos provocados por la pandemia, es decir, colocar en un plato, lo social/humanitario, y, en el otro, aspectos como lo económico, empresarial y político.
Sin embargo, encontrar un punto de equilibrio implica repensar en nuevas lógicas de (re)construcción. Sin pretender ir más lejos, lo que interesa planear es el tema de la salud, por no hablar también de la educación, debe de ser de interés y control público y no privado como ahora.
No sorprende entonces que la salud se convierta en un asunto privado y no público, enclaustrando el derecho a la salud. Así, la medicina, las vacunas, y todo lo que implique sanidad es fabricado por las corporaciones transnacionales farmacéuticas, quienes tienen el monopolio concedido por los diferentes gobiernos, entre ellos el ecuatoriano, a través de las patentes farmacéuticas.
Este tipo de concesiones es lo que ha permitido que las organizaciones privadas tengan en su poder la investigación en temas definidos por el mercado, promovidas por el encuadramiento jurídico e institucional y las relaciones de dependencia estructural del sistema mundial.
Todo esto dicho tranquila y concienzudamente. Porque, en la realidad, este neoliberalismo que Moreno hace permear en todo Ecuador, seguirá empobreciendo y enfermando a la población, que hoy ve reducirse también las posibilidades de tener una mejor educación.
