En el primer semestre del año en la provincia Pinar del Río se detectaron ocho hechos de corrupción administrativa, igual cantidad que en el 2020, aunque con menos daño económico que el precedente.
Dos de ellos en Farmacia y ópticas; el resto corresponden a Cultura, Deporte, Comercio, Vivienda, Educación y el Sercap. Las violaciones más reiteradas fueron faltantes en depósitos bancarios e inventarios y falsificación de documentos.
Recibieron sanciones 16 trabajadores y nueve directivos, la implicación de estos últimos evidencia que hay que trabajar con mayor rigor en la selección de los cuadros, señaló Jorge Luis Salas Rosette, coordinador para los programas de la economía en el Gobierno, quien también acotó el alto nivel de impunidad que representa que sólo el 19 por ciento de los 52 delitos reportados en igual período se hayan esclarecido.
Hurto, robo con fuerza y malversación son los predominantes, se incrementan tales hechos en Educación, que tiene cinco más que en el año precedente y Transporte con seis y muestra una reducción la Alimentaria con ocho menos.
En la etapa se detectaron más de 9 500 ilegalidades, de las cuales el 84 por ciento corresponden a indisciplinas sociales y administrativas.
De las 20 auditorías realizadas, cuatro tuvieron evaluación de deficiente o mal y las pérdidas contabilizadas superan el millón de pesos, lo que constata las brechas existentes en el control interno, así como la debilidad de los planes de prevención de riesgos que están desactualizados.
Grisel González Gil, contralor jefe provincial, señaló que los resultados no son ilustrativos, porque a consecuencia de la COVID-19 y las medidas de restricción implementadas se modificó el sistema de control y se redujeron estas acciones al compararlas con el 2020.
Llamó a aplicar la guía de autocontrol de forma rigurosa y no como un procedimiento formal, así como al fortalecimiento de los equipos económicos en las distintas entidades.
Si es evidente la impunidad. Vergonzoso que sólo el 19% de los 52 delitos, haya sido aclarados. Riéndose deben estar, aquellos no imputados o sancionados. Muy triste y desmoralizador el actuar de las autoridades, que demuestran igual ineficacia.
De verdad yo he confiado en la contraloría, pero evidente que intentan, pero no llegan. No se puede ejecutar controles avisados.
Los controladores como los inspectores en general tienen y deben ser mujeres y hombres sin manchas, ajenos a entidades y deben ser ellos mismos sometidos a controles
El robo no puede ser «lucha», quien y donde se vio semejante descaro, incluso casi como un orgullo.
No, de verdad que no.