El Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden pidió a la Corte Suprema que ratifique oficialmente su política de deportaciones, basada en argumentos de seguridad pública.
Según su contenido, este aval le permitiría implementar las directrices que dan prioridad a la deportación de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y representan el mayor riesgo para la seguridad de los ciudadanos y el Estado.
La solicitud de emergencia llegó tras decisiones contradictorias de tribunales estatales en respuesta a la norma emitida en septiembre pasado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que redujo las deportaciones a “individuos que hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o amenazas atroces a la seguridad pública”.
El Gobierno ahora recurre a la Corte Suprema como último recurso porque un juez federal de Texas ordenó la suspensión nacional de la orden de la DHS, después de fallar en favor de una demanda conjunta de los gobernadores de Texas y Luisiana.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, explicó públicamente que la aplicación de la ley de inmigración es facultad de la autoridad federal, por tanto “los estados no deberían exigirla ni entrometerse en ella”.
En consecuencia, la Casa Blanca pide que se reautorice la política para todo el país o exceptuando únicamente a Texas y Luisiana, cuyas autoridades detienen a los indocumentados y los devuelven a la frontera sur.
De acuerdo con estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), durante el mes de mayo se entregaron o fueron detenidos 239.416 migrantes irregulares en la frontera con México, estableciendo un nuevo récord.
