La provincia de Pinar del Río estuvo inmersa, entre el dos y el siete de diciembre, en el Ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, con la participación de las estructuras políticas, gubernamentales y administrativas en cada uno de los municipios.
Durante esos días, se efectuaron más de 5 500 inspecciones, y fueron detectadas alrededor de 1,800 violaciones. Se aplicaron multas por el Decreto 30 y por el Decreto Ley 91, por una cuantía que asciende a los seis millones 300 mil pesos, aproximadamente.
Se realizaron ventas forzosas, cierres de establecimientos, decomisos, además del enfrentamiento a operadores ilegales. Los órganos globales de la economía visitaron 644 actores económicos no estatales y, como tendencia, encontraron deficiencias relacionadas con irregularidades en la entrega de información estadística a la ONEI, nóminas sin domiciliar, poco uso de las pasarelas de pago y no utilización de la cuenta bancaria fiscal.
Igualmente, se comprobó la permanencia de trabajadores sin contrato en los distintos centros, incumplimiento con los depósitos del efectivo según lo establecido, no exponen de forma visible los precios de los productos, violaciones de las normas de higiene e inocuidad de los alimentos y de los precios establecidos por los consejos de la administración a los productos agropecuarios.
Un peso importante en el ejercicio lo tuvieron las acciones de control fiscal, en las que se determinaron importe de las deudas por 62 millones 478 mil 298 pesos, con un promedio por acción de 408 mil 354 pesos. Los municipios de mayor efectividad en las acciones de control fueron Viñales, La Palma y Pinar del Río.
También se revisó la operatoria de las cuentas bancarias fiscales y se concluyeron acciones de conjunto con la Fiscalía por posible evasión fiscal.
