Como parte del enfrentamiento al SARS-COV-2, los órganos judiciales en Pinar del Río se encargaron de exigir por el cumplimiento de todas las medidas higiénico-sanitarias, así como asumieron un importante papel en el enfrentamiento a las ilegalidades.
Durante los meses anteriores tramitaron procesos sobre delitos vinculados al incumplimiento de las medidas dictadas por la máxima dirección del país para evitar los contagios por la COVID-19.
El delito más recurrente en este periodo fue el de propagación de epidemias, asociado en varios casos a otras actitudes como el desacato o la desobediencia. Esto último ocurre cuando la persona, al ser requerida por un agente de la policía por incumplir alguna de las disposiciones dispuestas para el enfrentamiento a la pandemia, responde de forma irrespetuosa o contraria a las indicaciones del funcionario del orden público.
También se detectaron individuos en posesión de armas cortantes, en lugares o circunstancias que hacían presumir su empleo en la comisión de un hecho delictivo, proceder que revela elevada peligrosidad y concita la inseguridad de la ciudadanía.
De igual manera, sobresalió y se mantiene la ocurrencia de delitos que afectan las posibilidades adquisitivas de la población, en un periodo con serias carencias en la distribución de productos de primera necesidad; tal es el caso de la especulación y el acaparamiento, en virtud de los cuales se procesaron y sancionaron ciudadanos que se dedicaban a revender productos a precios muy superiores a los de adquisición en los centros comerciales estatales, lucrando así a costa del pueblo trabajador.
También recibieron la respuesta penal individuos inescrupulosos que, aprovechándose de las circunstancias existentes, se dedicaban a actividades económicas ilícitas, vinculadas al expendio de turnos en las tiendas que operan en monedas libremente convertibles, a cambio de altas sumas.
Según informó Liosbel Márquez García, presidente del Tribunal Provincial Popular, hasta el cierre del 20 de julio fueron celebrados 60 juicios en los cuales se juzgaron y condenaron a 71 personas: 19 en Pinar del Río, 17 en Sandino, 11 en Consolación del Sur, siete en San Juan y Martínez, seis en San Luis, cinco en Los Palacios, tres en Guane, dos en La Palma y una en Minas de Matahambre.
De las penas impuestas, 34 implicaron el encierro de los enjuiciados, lo que significa el 47.9 por ciento.
Asimismo, 23 acusados, atendiendo a los hechos cometidos y a sus características personales, recibieron penas sustitutivas de la privación de libertad, que los mantendrán bajo el seguimiento y la atención de los jueces de ejecución y de los organismos, organizaciones y entidades encargados del control de estas personas en la sociedad; aunque de estos 16 también recibieron adicionalmente una sanción pecuniaria.
A 14 procesados se les aplicó la sanción de multa en elevadas cuantías, en correspondencia con la naturaleza del hecho delictivo cometido y las posibilidades de enmienda de los mismos.
Márquez García, abundó: “Como otro apunte particular señalamos la aplicación, junto a las referidas sanciones, otras como el comiso de bienes ocupados, vinculados a los ilícitos cometidos, la prohibición de frecuentar determinados lugares, en los que existen condiciones propicias a la repetición de las conductas dañinas, como lo fue en los casos de los ‘coleros’, así como la prohibición de ocupar puestos o cargos de quienes en, mal uso de sus facultades, actuaron indebidamente en contra de la población.
“El cometido principal del Sistema de Tribunales es aplicar una justicia de contexto, es decir, adecuar las posibles decisiones al momento histórico en que se vive, con apego estricto a la Ley, no obstante, a pesar de que transitamos por un momento de mayores complejidades en el orden social y económico, que exige de rigurosidad en la actuación ante los responsables de las conductas que afectan a la sociedad, se ha actuado con la debida racionalidad, lo que se evidencia a través de la gama de soluciones diversas que para hechos y acusados de diferentes características se aconsejaban”; expresó también el máximo representante del Tribunal en el territorio.
