En abril de este año el Gobierno cubano aprobó, con participación de productores, expertos y directivos de la Agricultura, 63 medidas de flexibilización en el sector agropecuario, a fin de incentivar resultados que satisfagan demandas no cubiertas de la población.
De las disposiciones, 30 se consideraron prioritarias y de implementación inmediata, entre ellas la contratación de la leche, ante la necesidad de reducir las importaciones del renglón en polvo, cuyo costo en el mercado internacional por cada tonelada asciende a casi 4 000 dólares.
Por ello se mantuvo el valor a 7,50 pesos por litro de leche de vaca entregado a la industria, para aquellos productores que incumplan su plan, y, como estímulo, se ratificó el de nueve pesos para los que cumplan y sobrecumplan el plan de entrega. El campesino tiene, además, la autonomía de vender a quien desee lo que produzca por encima de lo pactado.
En la provincia de Las Tunas, al aprobarse las nuevas medidas, muchos productores de leche incrementaron sus entregas; más aún luego de que la Empresa de Productos Lácteos estableció el pago de un monto de 15 centavos en moneda libremente convertible (MLC) por cada litro que compre fuera del plan contratado, además de los nueve pesos en moneda nacional.
El ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, en reciente visita dijo que Las Tunas es una de las provincias que más leche está entregando al Lácteo por encima del plan. Informó que 2 596 campesinos del territorio ya pueden cobrar la leche en MLC, y que el monto de lo vendido hasta ese momento alcanzaba la suma de 104 972 pesos en esa moneda.
Sin embargo, luego de cuatro meses, ninguno de ellos ha recibido el pago correspondiente en mlc; lo cual contradice lo estipulado por la dirección del país, cuando responsabilizó a los gobiernos locales de velar por el cumplimiento de las medidas y evitar los impagos, incluyendo la aplicación de los pagos por factura, como ratificación del principio de que «él que no pague, no compra».
¿DÓNDE ESTÁN LAS TRABAS?
Ernesto Gutiérrez Delgado, director adjunto de la Empresa de Productos Lácteos en Las Tunas, dijo a este diario que, desde junio, hubo un incremento considerable en las entregas y «por la compleja situación económica que atravesamos, queremos aprovechar hasta la última gota de leche. Hemos adaptado la industria casi a cero consumo de leche en polvo, aplicando la variante de descremar la leche de vaca para poder usarla en los cultivos del yogur, y, de manera general, en nuestras producciones.
«Somos uno de los Lácteos del país que menos leche en polvo está consumiendo. Es un ahorro inestimable, dinero que se puede destinar a otros recursos», refiere. No obstante, aún se importan de manera mensual unas 50 toneladas que se destinan al consumo de embarazadas, niños menores de un año y dietas médicas. «Si logramos sustituirla, sería significativo», por ello, asegura que trabajan «para eliminar lo que entorpece el pago».
En un cálculo rápido que hizo Gutiérrez Delgado, utilizando la tasa de cambio de uno por 24, un litro de leche de vaca (pagado a nueve pesos y con la bonificación de 15 centavos de MLC) cuesta a la industria 0,53 dólares; y uno de leche en polvo unos 2,5 dólares, sin contabilizar todos los gastos asociados al proceso de importación.
Sostuvo que el dinero está, y que «por nuestra parte todo está hecho: firmar la factura al campesino, hacer el reconocimiento de la deuda y conciliar con la sucursal por la que operamos; pues estamos conscientes de que, si no se paga, el productor no cree en la medida». Plantea que la demora consiste en que no se había definido por el banco el procedimiento para el pago, y en que los campesinos no disponen de la cuenta en mlc correspondiente.
No obstante, todo no está hecho, pues parte del dinero se les debe a cooperativas que han sobrecumplido como resultado del programa ganadero en las tierras de uso colectivo, y todas las unidades tienen creadas sus cuentas en MLC. Por otra parte, al dialogar con Orlando Iglesias Carralero, subdirector provincial del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), conocimos que no se les ha entregado el listado de los productores a quienes se les deben crear las cuentas, ni se ha coordinado debidamente el proceso.
«La creación de las cuentas se está haciendo, pero lento», explica. En los municipios donde más se avanza es en Colombia y Amancio, pero otros no tienen ninguna, y hemos insistido con los directores de las sucursales para que contacten con la Agricultura, pues solo se han hecho poco más de cien cuentas».
Iglesias Carralero explicó que tienen la disposición de asegurar el trámite de manera ágil, pues a pesar de las limitaciones de la COVID-19, todas las sucursales están abiertas y pueden no solo brindar el servicio, sino acercarlo a los campesinos. Solo debe presentarse el carné de identidad y una carta de la cooperativa.
El directivo puso como ejemplo la creación de las cuentas a 142 apicultores. «Fuimos de las primeras provincias que completó las tarjetas porque hicimos un trabajo de conjunto. La Empresa Apícola garantizó los listados, hizo la coordinación y todo fluyó rápido».
Jorge Luis Hechavarría Lozada, subdelegado de Ganadería aquí, reconoce que deben ponerse de acuerdo la Agricultura, el Banco y el Lácteo para concretar el pago y que los productores puedan ver el resultado de su trabajo.
LOS GANADEROS TIENEN LA ÚLTIMA PALABRA
«La ganadería es una apuesta difícil, no se logra tener una masa en poco tiempo. Nos sacrificamos y luego nos
pagan cuando les parece; hay productores que están desestimulados, sin contar el precio elevado de los insumos. No es fácil producir sin soga, sin zapatos, sin un alambre o sin guantes adecuados», dijo a Granma Elio Piñeiro Hidalgo, vicepresidente de la cooperativa de producción agropecuaria (CPA) Calixto Sarduy, de la cabecera provincial.
Alfredo Ortiz es uno de los ganaderos élites de la cooperativa de créditos y servicios (CCS) Niceto Pérez, del propio municipio. Hasta el cierre de agosto había entregado 3 800 litros por encima de su plan de 14 000, y afirma que puede garantizar unos 8 000 más este año, si cumplen con el pago como lo hace él con la leche. «Necesito comprarle aditamentos a mi tractor y la única vía es esa. También quisiera adquirir otros instrumentos importantes».
«Cuando se pagó por vez primera la leche a nueve pesos, muchos campesinos se sumaron, pero, además de no pagarse aún el mlc, también nos dijeron que solo lo pagarían si la utilizaban en las producciones que se comercializan en esa moneda, y eso no es lo que expresan las medidas. ¿Cómo sé si la que yo entregué fue la que ellos usaron?», cuestionó Ermes Rodríguez, vicepresidente de la Niceto Pérez. «Hace pocas semanas fue que supimos que había que hacerse una tarjeta en el banco».
Otra irregularidad que manifestaron los ganaderos es que las pruebas de calidad del líquido no se realizan de manera individual. Tampoco comprenden cómo, en ocasiones, una leche que se extrae de la misma vaquería y se almacena en el mismo termo refrigerado, se pague a diferentes precios, desde cuatro hasta siete pesos, y solo se enteran del resultado cuando reciben la factura al final del mes. «Eso es inconcebible y ha desmotivado a muchos. Necesitamos insumos y mejores condiciones. Si no nos pagan, ¿cómo lo conseguiremos?, preguntó Francisco Parra Sánchez.
Ninguna medida por sí sola puede reconfigurar la producción de alimentos. Lo orientado debe aplicarse con urgencia, disciplina y calidad, algo que no siempre sucede en cada rincón de la Isla, aunque no es el añejo problema del impago el único ejemplo.
Otra evidencia es que las sucursales de Bandec en Las Tunas no han recibido solicitudes de los productores para beneficiarse del Banco de Fomento Agrícola, un presupuesto de 1 800 millones que destinó el Estado para desarrollar las producciones agroalimentarias a través del otorgamiento de créditos con bajas tasas de interés.
En Las Tunas pueden solicitarlo los porcicultores y los ganaderos, específicamente para producir pastos y forrajes. Aunque la falta de alimento animal es uno de los problemas en ambas ramas, no se está aprovechando y se conoce poco de la oportunidad.
CRECER, AVANZAR, PERFECCIONAR
Cuando se adoptaron las nuevas disposiciones quedó claro que uno de los objetivos era favorecer a los productores agrícolas, sobre todo en las condiciones tan tensas en las que deben trabajar. Las demoras, así como la falta de seguimiento y de organización dificultan que se logre el efecto esperado y, en este caso, además de la desmotivación que provoca, el incumplimiento de los contratos genera que el país tenga que importar más leche en polvo.
En la Mesa Redonda del pasado 14 de abril, en la que se detalló sobre las 63 medidas, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, afirmó que la empresa que le deba a un productor tendrá que parar sus operaciones, «y cada ingreso que genere será para pagarlo a los productores».
Por su parte el vice primer ministro, Jorge Luis Tapia Fonseca, recalcó que, cuando se habla de contrato, hay que ir a las reclamaciones jurídicas y, si es preciso, demandar ante los tribunales el incumplimiento.
Sin embargo, la responsabilidad no puede recaer únicamente en la empresa que no honra sus compromisos financieros. El sistema de la Agricultura y la ANAP deben acompañar con mayor eficacia la corrección de este problema, el primero como rector de la producción, y el segundo como representante del campesinado. Está claro que los productores carecen de orientación, de instrucción adecuada sobre las nuevas normativas.
Urge coordinar mejor estos procesos y velar porque todas las partes cumplan lo establecido.
