El Ministerio de Salud Pública de Cuba trabaja en la concepción de disposiciones jurídicas que permitan el ordenamiento de actividades relacionadas con los centros de aislamiento, las medidas de bioseguridad y las responsabilidades de los distintos sectores de la economía, en una etapa pos COVID-19.
Dagmara Cejas Bernet, directora jurídica del Ministerio de Salud Pública, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que esta preparación se realiza basada en el reconocimiento de que mientras no exista una vacuna para la enfermedad, ella va a estar presente con un nivel de transmisibilidad alto.
Por ello se hace necesario disponer de normativas que garanticen el cumplimiento de las medidas técnicas sanitarias que hasta la fecha han probado su eficacia para el control de la pandemia en el país.
Uno de los proyectos de resolución estará vinculado a los centros de aislamientos, los cuales permanecerán en la Isla, aun cuando no sea en la misma cantidad que los que se precisaron en los días de mayor incidencia de casos, refirió.
Debido a que los centros han demostrado ser una medida sanitaria eficaz se necesita un marco legal que disponga el funcionamiento adecuado de estas instituciones, explicó la especialista.
Cejas Bernet informó que otro de los proyectos está vinculado a los requisitos generales y específicos a cumplir por los diferentes sectores de la economía para la etapa pos COVID-19, de manera tal que no se incumpla con las medidas sanitarias pertinentes para el control de la pandemia.
Para esta resolución se contemplan diferentes fases, así como indicadores que esclarezcan cuándo es seguro transitar de una fase a otra, a medida que se cumpla con la seguridad biológica en cada territorio, destacó.
Se realizan evaluaciones para cuando el país logre controlar la enfermedad y se reabran, por ejemplo, las fronteras, de manera tal que Cuba cuente con herramientas de control sanitarias y administrativas para que el riesgo de introducción de la enfermedad sea mínimo, declaró.
Otra resolución que se elabora es la vinculada a las normas de bioseguridad que ya hoy se implementan, pero que deberán mantenerse aún por un tiempo prolongado, debido a la situación epidemiológica de riesgo que acarrea la enfermedad.
Con la nueva disposición jurídica el personal de salud, así como los organismos rectores contarán con un marco legal de estricto cumplimiento que permitirá, además, detectar las posibles infracciones que puedan cometerse.
