El proceso legal tras los disturbios del 11 de julio pasado en Cuba respetó las garantías de los detenidos y las leyes del país, aseguraron hoy autoridades del sistema judicial y familiares de los acusados.
En un reporte del noticiero de la televisión cubana, el presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, Yojanier Sierra, desacreditó el apelativo de marchas pacíficas para describir los hechos de vandalismo de aquella jornada.
«En un lugar con gran aglomeración de personas con niveles de violencia, donde se volcaron carros de la policía, donde se tiraron cocteles Molotov encendidos y donde la población no salió de la casa por miedo, donde los servicios públicos fueron detenidos por los disturbios, ¿quién se atreve a decir que hubo marchas pacíficas?», cuestionó el funcionario.
Por otro lado, Sierra enfatizó que solo se procesaron a quienes participaron en las situaciones descritas anteriormente y no a los que participaron en protestas en las calles donde no ocurrieron acontecimientos graves.
El experto recordó que en Cuba no está permitido procesar penalmente a ningún menor de 16 años de edad.
El Código Penal vigente establece que «la responsabilidad penal es exigible a la persona natural a partir de los 16 años de edad cumplidos en el momento de cometer el acto punible».
«Otra cosa distinta es que se hayan presentado procesos judiciales a jóvenes entre 16 y 20 años de edad, nuestra norma establece que con este rango de edad uno los puede beneficiar a la hora de dictar sentencia, pero eso es facultativo de los jueces, quienes tienen en cuenta la conducta, la participación directa, su comportamiento social», explicó Sierra.
Las autoridades del sistema judicial señalaron entre los delitos más recurrentes el 11 de julio al desacato, atentado, los daños, el desorden público y la resistencia.
La investigación penal conllevó a la apertura de expedientes, un proceso que la Fiscalía General de la República (FGR) controló desde el principio para aportar y reunir todas las pruebas necesarias antes de la presentación al tribunal, subrayó Beatriz de la Peña, Fiscal Jefa del Departamento de Dirección de Procesos Penales.
En este sentido, la FGR seleccionó a las personas que cometieron los hechos más graves y tuvo en cuenta aquellos individuos con más de 18 años que estaban estudiando, a quienes ofreció una atención especial, comentó.
«Incluso hubo personas a los que se demostró que estuvieron en algunos hechos, pero no fueron llevados ante los tribunales porque esa participación no mostró agresividad», enfatizó la especialista.
Las autoridades cubanas subrayaron que todos los acusados asistieron a juicio con representación legal, contratada por ellos o de oficio.
Abogados de la defensa explicaron al noticiero que actuaron sin presión, con el apoyo del sistema judicial, tuvieron acceso en todo el momento al detenido y a las pruebas recopiladas durante la instrucción para establecer una estrategia en el tribunal.
Familiares de algunos acusados ratificaron la transparencia y legalidad del proceso penal.
Keyla Domínguez, esposa de uno de los enjuiciados, aseguró que las autoridades han tratado bien a su cónyuge, mientras que la madre de otro detenido, Eudanis Campos, se disculpó por el error de su hijo porque considera que él no sabía lo que hacía.
Por su parte, otra madre de un acusado, Regla Yolanda González, consideró que el juicio «estuvo muy bien, de todas las partes: la defensa de los abogados muy buena, la fiscal habló como tenía que hablar, la presidenta de la sala es objetiva, humana, he visto el juicio oral muy bueno».
Cuba presentó pruebas de que los disturbios fueron resultado de un plan diseñado por el gobierno de Estados Unidos para provocar desestabilización en momentos en los que el país afrontaba una compleja situación por la Covid-19 y el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Washington.
