Una reforma migratoria integral en Estados Unidos podría brindar billones de dólares adicionales al PIB de Estados Unidos y México, según una nueva investigación pero, en el corto plazo, el tema bilateral de mayor urgencia para el gobierno de Joe Biden es el apoyo del vecino del sur para controlar los flujos de personas en movilidad, pues podrían detonar otra crisis en la frontera y una pesadilla política para la Casa Blanca.
Si la reforma integral propuesta por Biden en su primer día en Washington y ahora sometida al Congreso –el proyecto de Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021– es aprobada e implementada, generará enormes beneficios económicos a las dos naciones.
El análisis elaborado por el Centro de Integración y Desarrollo Norteamericano (NAID, por sus siglas en inglés) de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) concluye que la propuesta Ley de Ciudadanía generaría más de 3 billones de dólares en PIB adicional a lo largo de una década, como resultado de un incremento en productividad e ingreso brindados por la regularización y naturalización de la población inmigrante indocumentada (unos 11 millones) más los nuevos flujos de personas en movilidad reglamentada.
El doctor Raúl Hinojosa-Ojeda, director del NAID, señaló en entrevista con La Jornada que el informe preliminar (el final será presentado en el Senado en Washington en un par de semanas) indica que sólo con la regularización y ciudadanía de los denominados «trabajadores esenciales» indocumentados, se generarían 1.5 billones en PIB adicional a lo largo de 10 años. Del total de los 7.8 millones de empleados sin documentos, 77 por ciento son oficialmente «trabajadores esenciales».
A la vez, agregó Hinojosa-Ojeda, la investigación calculó que la remesas a México y a los tres países del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) como resultado de los ingresos superiores de los beneficiados de una reforma, que incluye tanto la regularización como a nuevos inmigrantes con documentos, podría alcanzar un total de más de un billón de dólares a lo largo de una década.
Si son utilizados con programas de inclusión financiera en programas de ahorros e inversión podría generar unos 100 mil millones de dólares de inversión en las comunidades que envían migrantes.
No obstante, la prioridad en la coyuntura actual para el gobierno de Biden en la relación binacional es el control de los flujos migratorios indocumentados. Aunque se abordó la migración en la reunión entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden el lunes, no se han ofrecido mayores detalles sobre lo que se discutió en ese tema (como otros), más allá de esa palabra tan repetida que ya no se sabe qué significa: la «cooperación».
Fuentes oficiales en Washington y expertos han subrayado que la gran preocupación inmediata de Biden es evitar una crisis migratoria en la frontera, lo cual sirvió de pretexto al gobierno de Donald Trump para promover sus políticas antimigrantes que el nuevo gobierno intenta desmantelar.
Se registra un incremento dramático de personas detenidas en la frontera –según datos oficiales de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza–, llegando a los niveles más altos en una década, unos 78 mil en enero. De ellos, 80 por ciento han sido expulsados.
Aunque el gobierno de Biden está desmantelando el llamado programa Quédate en México para solicitantes de asilo, canceló la construcción del muro, busca reducir el número de deportaciones desde el interior del país y está impulsando su programa para reunificar a las familias que fueron separadas bajo órdenes de Trump, aún está usando la medida del magnate que permite expulsar casi de inmediato a todos los indocumentados interceptados al cruzar la frontera bajo el pretexto del control de la pandemia.
Sin embargo, a diferencia del gobierno anterior, no está usando esa medida para expulsar a menores de edad no acompañados. Pero eso está generando otro problema sobre qué hacer con el alza dramática en el número de esos menores que están cruzando la frontera –cientos cada día– y se esperan miles más, la mayoría llegando desde Centroamérica. De hecho, se reporta que el gobierno está contemplando que se requiere espacio para albergar 20 mil menores más.
Pero al reabrir algunas instalaciones para alojar a los menores de edad, el gobierno de Biden se enfrentó a un coro de críticas por usar de nuevo los viejos centros de detención, aunque ahora no se llaman igual y aparentemente han sido mejorados. Las autoridades estadunidenses ha insistido en que hacen lo mejor posible bajo las condiciones que heredaron mientras intentan desmantelar las políticas «crueles» de Trump, y reiteran que todo esto tomará tiempo y, por lo tanto, pide «paciencia».
Sin embargo, para frenar o por lo menos disminuir esos flujos, sobre todo los provenientes de Centroamérica, Biden necesita que México continúe con algunas de las políticas de control fronterizo que se vio obligado a implementar bajo presión de Trump, incluyendo el despliegue de tropas de la Guardia Nacional a las fronteras. Ambos gobiernos señalaron el lunes que para abordar estos temas se requiere de mayor «cooperación». Aún no se anuncia con exactitud lo que representa.
