El ministro de la Agricultura, Ydael Jesús Pérez Brito; el viceministro primero de Finanzas y Precios y la directora de Comercialización del Minag comparecen este miércoles en la Mesa Redonda para informar sobre las recientes decisiones relativas a los precios de compra a los productores y el impacto de otras medidas en ese sector.
En video, la Mesa Redonda
¿Cómo ha sido el el comportamiento de la agricultura en el país?
En el inicio de la Mesa Redonda de este miércoles, el ministro Ydael Jesús Pérez Brito explicó que la situación del recrudecido bloqueo y la incidencia prolongada de la pandemia han afectado el desarrollo de la agricultura en el país, a partir del surgimiento de obstáculos para adquirir todo tipo de insumos y recursos necesarios (fertilizantes, plaguicidas y herbicidas, pienso) y su influencia en la disminución de los rendimientos productivos.
“Sin ánimo de justificar los asuntos de nuestra producción, es bueno recordarlo, porque el bloqueo existe con mucha fuerza y nos limita, al igual que la situación de la pandemia y el cambio climático. Es difícil producir”, afirmó.
El ministro presentó algunas cifras que resumen el comportamiento de la agricultura en el país durante los últimos ocho años. Con respecto a los plaguicidas, en la actualidad se importa el 38% del promedio ejecutado en los últimos ocho años. En el caso de los fertilizantes, se importa el 22% del promedio de los últimos ocho años.
Refiriéndose a la situación de los suelos, señaló que no todos son categoría 1. “Hay muchos que son categoría 2 y 3. Hay problemas en el rendimiento que derivan de estos temas. Hay situaciones con el riego, que es solamente del 7%. Y cuando se limita el riego a una planta y también los plaguicidas, está en riesgo de determinadas enfermedades.
“Hay cultivos como algunas hortalizas, la cebolla, el ajo, el tomate, la papa, que se dan en una isla como la nuestra al extremo de sus posibilidades. Hay otros que tienen situaciones más nobles como la malanga, o el plátano, pero llevan algunos fertilizantes a partir de las condiciones del suelo, llevan el agua”, explicó.
En este contexto, Cuba ha tenido que buscar otras variantes para incrementar la producción de alimentos y satisfacer las necesidades crecientes de la población.
Dinamizar la agricultura y fortalecer la empresa estatal socialista
En la semana del 26 al 29 de abril se ha desarrollado un proceso de capacitación a productores y directivos en cada provincia sobre las medidas aprobadas
El ministro de la Agricultura señaló que, a partir de la voluntad política de nuestro Gobierno y Partido, se aprobaron 63 medidas para dinamizar el sector y 43 para fortalecer la empresa estatal socialista.
“Son 106 medidas en total, que se entrelazan y son de gran importancia para el sector porque nos da la forma de salvarnos con nuestros propios esfuerzos, nos está dinamizando, posibilitando desarrollarnos localmente”.
Una clave −enfatizó− está en buscar variantes y salidas en cada empresa, en no pensar en una asignación como estábamos acostumbrados, y gestionar un recurso para realmente poder desarrollar.
“Cuando muchos gestionamos, somos muchos buscando variantes y soluciones con los productos biológicos, con el tema de los precios, con el tema de la economía, con las exportaciones y los porcentajes que van al productor, con el tema del mercado interno en divisa para reaprovisionar esquemas y poder desarrollar productores y fincas, entre otras medidas.
“Ahora estamos trabajando en la aprobación de algunas medidas y en la aplicación de otras ya aprobadas que mejoraron la tarifa eléctrica. No es un cambio de precio de la tarifa, sino de la forma de hacer las demandas cuatro veces al año, para que el productor no tenga penalizaciones, definir no usar el mediodía como horario pico para no tener que parar y arrancar cuando se está regando.
“También se revisa el uso de transformados sobredimensionados, de modo que se puedan cambiar y bajar un nivel. De igual modo, en el agua, se bajó la subterránea, se bajó la que se usa en organopónicos cuando se consume la red de acopio”.
Además, se trabaja en las normas legales que aseguran un nuevo modelo de gestión donde se prioricen las relaciones laborales y salariales.
Esto −explicó el ministro− tiene dos caminos: uno que organiza mejor la vinculación de un usufructuario a una UEB o a una UBPC, una CPA o a la CCS a la que se vinculaba.
“Es decir, el Decreto 358 permite que un usufructuario se vincule también al Estado, el mismo que presta la tierra que es del pueblo también se vincula y ayuda a organizar a esto”.
El decreto también pone en igualdad de condiciones a un colectivo laboral desde una empresa estatal, siendo gestionada por el Estado y no por un usufructuario. “También allí se flexibilizan unos cuantos temas relacionados con los sistemas de pagos, la vinculación con la empresa, los créditos, el manejo del presupuesto, la gestión y contratación de la fuerza de trabajo, entre otras cuestiones.
“También se logra aprobar el gestor de fuerza de trabajo, que contrata fuerza de trabajo. Además, se logra organizar al que produce y no tiene tierra, al apicultor que no se retira. Tenemos que lograr que tenga su jubilación”.
Añadió que ya está la base para el diseño del sistema empresarial estatal agroindustrial municipal, que ya está en fase de aprobación del Comité Ejecutivo y después irá a su implementación. “Ya la revisamos en los siete grupos de trabajo que están trabajando a tiempo completo, donde hay que reconocer el trabajo de expertos y científicos”.
Las 63 medidas −precisó Pérez Brito − se han organizado en siete grupos y se ha logrado un sistema de dirección participativo e integrado con todos los factores. “Esto ha permitido una mirada a la agricultura desde todas las perspectivas, identificando los problemas que tenemos y buscando soluciones entre todos”, destacó.
En este grupo de medidas se integra la nueva política de comercialización de productos agropecuarios, que es la que cierra el ciclo de todas las demás. “Porque al final, si las medidas se implementan bien, los resultados se tienen que ver en el plato de nuestro pueblo, en el desarrollo de más exportación, en más balance de los productos y, por supuesto, en más alimentos, tanto agrícolas como pecuarios”.
Todas estas medidas −recalcó el ministro− están encaminadas a dinamizar la agricultura y fortalecer la empresa estatal socialista “para que le preste buen servicio a los productores, que reduzca sus plantillas, que sea más dinámica, que dé mejores y más eficientes servicios.
“Es la primera vez que tenemos una política de comercialización como esta. Tiene su base en la estimulación de la producción y la comercialización de productos agropecuarios, la eliminación de trabas que existen hoy por mala implementación.
“Libera la comercialización. Es una política novedosa. De 51 principios, 31 son nuevos. Analiza y flexibiliza la comercialización de productos agropecuarios y reconoce a todos los participantes en el proceso.
“Ya no se trata de un monopolio de Acopio, que es uno más en la cadena. No hay mercados de oferta y demanda; hay mercados agropecuarios, vendedores ambulatorios o móviles, carretilleros, que muchos son estatales.
“Es una política que dinamiza la comercialización y apoya al municipio y a la idea que prioriza la Constitución de fortalecer el desarrollo local. Pone en las manos de los territorios una fuerza para decidir y dinamizar procesos que en la agricultura a veces no da tiempo, cuando las decisiones se implementan de manera burocrática”, apuntó Pérez Brito.
Recordó que hay un marco legal que establece esta política. En primer lugar, el Decreto 35 de 2021, que es como la sombrilla de estas nuevas normas jurídicas. Después hay un reglamento recogido en la Resolución 137; también la Resolución 138, destinada a organizar la contratación y comercialización anualmente.
Además, se incluyen en el paquete jurídico las resoluciones 139 y 140, que organizan el procedimiento para el sacrificio, consumo y comercialización de la carne de ganado bovino para los productores agropecuarios y el procedimiento para la comercialización de la leche fresca de vaca, cabra, búfala y sus derivados por calidades.
“Hasta el momento, hay 1 024 productores que han sacrificado 2 115 cabezas de ganado, que no es mucho, pero ya comienza. Lo han hecho muy bien los productores. En el caso de la leche, en estos últimos dos meses hubo un sobrecumplimiento de los indicadores límites y se contabilizaron más de 30 000 CL, moneda libremente convertible, que permite al productor encadenarse con un mercado de insumo”, dijo.
“Estas medidas de la ganadería son muy importantes, aunque sus resultados se vean a más largo plazo. Nosotros tenemos que lograr que el productor quiera ser productor y no solo criador, que siembre, que aumente su masa para de verdad tener un mayor nivel de carne y de leche.
“Este es un animal muy noble, que se alimenta de hierba, de pienso concentrado si lo tuviéramos, pero, en su defecto, de hierba, plantas proteicas, agua. Todo esto nuestros productores tienen que dominarlo. Un productor es también una UEB estatal, una UBPC; un teniente de tierra privada, o un usufructuario. A todas las variantes les decimos productor, para engoblarles en el mismo plan”, explicó el ministro de la Agricultura.
Agregó que “esta política aún es joven, tiene dos meses y 12 días. Estamos trabajando con ella desde antes, pero aún es joven”.
En cuanto al marco legal, existen otras resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios que fortalecen la política.
“Al eliminar algunos precios que estaban alzados o duales, se fortalece más ese comité de créditos en el territorio. También existen las resoluciones de precios que establecen los Gobiernos provinciales y municipales, para ordenar lo que salga aprobado en un comité de precio y contratación, una de las novedades de esta política”.
Respecto a los precios, Pérez Brito afirmó que, como idea, hay precios centralizados para algunos productos establecido por el MFP como organismo rector (la leche, carne vacuna, el café, el arroz) y hay precios concertados, que son los que se logran establecer a nivel de Gobiernos municipales y provinciales, por comités con varios integrantes.
“Ya no existe casi ningún precio centralizado. Prácticamente todos se concentran en los territorios y solo mantenemos centralizados los productos balance”, recalcó.
La política propone un grupo de cuatro transformaciones fundamentales. En primer lugar, los comités de contratación y precios con sus funciones y responsabilidades.
“Es muy importante que funcionen bien en los territorios. Están integrados por productores, vendedores minoristas y mayoristas, de puntos de venta o de mercados y ambulantes, grupos de trabajo con estudiantes y representantes de las universidades, tecnólogos, expertos, entre otros. Deben ser integradores y son presididos por los Gobiernos.
“Esos comités tienen facultades para liberar algunos precios de productos. Por ejemplo, en algún lugar hay problemas de cultura, de sequía, de ausencia de fertilizantes, entonces estimulamos la malanga por encima de otra producción. Porque el productor tiene que buscar economía, pues sembrar más con bajos rendimientos implica más problemas. Si se descapitaliza el productor, no puede sembrar”, señaló Pérez Brito.
Los comités tienen facultades también para topar algunos precios, liberar ciertos segmentos del mercado según oferta y demanda o poner algunas diferencias entre unos y otros.
El ministro aclaró que “no son para estar cambiando constantemente los precios, sino para analizar los temas, llevarlos allí y trabajarlos. La agricultura es cambiante y estos comités están más cerca de donde ocurre el hecho”.
Otra de las transformaciones propuestas por la política tiene que ver con la autonomía en la gestión de los que se encargan de la comercialización, tanto mayoristas como minoristas. “Es algo que tenemos que seguir estudiando e implementar acciones ya aprobadas que flexibilicen más estos temas. No es que exista desorden, sino que haya un sistema flexible que se acomode en función de las circunstancias.
“Por ejemplo, un productor tiene la facultad de vender minorista en un mercado, pero también tiene la facultad de arrendar un mercado, un camión, para buscar algún producto, o ser concurrente en una tarima, incluso por una vez. Si su producto no está en la lista de los precios concertados, se vende según oferta y demanda. No es una camisa de fuerza, corre con el mercado.
“La política tiene que tener un camino de reparar los mercados, de darle mantenimiento, pero también de implementar lo establecido y avanzar en la innovación, en la aplicación de nuevas dinámicas”, subrayó.
En función de ello, se trabaja también en la creación de mercados de nuevo tipo. “Es importante seguirlos incrementando en nuestra red minorista, porque vienen a cerrar muchos de los planteamientos que están en esas medidas y permiten tener las dos puntas de la cadena: el productor y el cierre”.
Refiriéndose a la llegada de más productos a las tarimas habaneras, dijo que tiene que ver con la flexibilización de los precios para los agricultores, pero esa no es la única razón.
“Es verdad que en la capital y en otros territorios se ha visto un incremento en la producción agrícola. Seguimos muy insatisfechos porque no estamos alcanzando lo que tenemos que lograr, pero hay un incremento”, reconoció el ministro.
Recordó que hace 12 meses que la tormenta Laura pasó por el occidente cubano. “Nos costó los plátanos de Artemisa y Mayabeque. Luego pasó Eta, hace ocho meses, por Ciego de Ávila, y dejó en el suelo prácticamente todo el polo productivo de la empresa La Cuba: 1 700 hectáreas de plátano, un cordón importante de los envíos para la capital”.
Explicó que con las condiciones correctas de agua y nutrientes, una planta de plátano tarda ocho meses en producir un racimo y luego alrededor de otros cuatro en madurar. “Es decir, si tomamos en cuenta ese periodo para tener el plátano, veremos que ahora es que estamos recuperando las producciones que perdimos el año pasado durante ambos eventos meteorológicos. Ese es el plátano que está entrando en La Habana”.
También −informó Pérez Brito− se ha logrado, con un esfuerzo del Ministerio de Economía y Planificación y del Gobierno, distribuir un nivel del fertilizante 913 en diferentes áreas de boniato en los suelos rojos del occidente, por lo que han aumentado las toneladas que se producen.
Además, se ha sembrado más. “Se han sembrado 25 000 ha más de plátano que en igual período del año pasado y tenemos en existencia 116 000 ha, porque hay un esfuerzo en todos los territorios de buscar una caballería por cada 1 000 hab. Está lloviendo ahora y este es el pico de la cosecha del plátano, el mejor momento”.
De igual modo, hay un crecimiento de 27 000 ha en la siembra de yuca. “Tenemos 88 000 ha en existencia. Es un cultivo muy rústico, que debemos seguir incrementando”.
Reconoció que “no hemos crecido tanto en la malanga, que los productores limitan un poco porque tiene un ciclo muy largo de rendimiento. Sin embargo, ha crecido un poco su presencia en la capital”.
Como otro factor, destacó que, a pesar de las dificultades en el tema de los precios, los productores siguieron sembrando. “El apoyo está ahí, y hay que reconocerlo”, afirmó.
Añadió que, igualmente, “el precio es importante, estimula, ayuda. Pero todavía no hemos logrado lo que debemos. Hay que seguir trabajando en concentrar los polos productivos, seguir poniéndole un nivel de inversión a la empresa La Cuba, porque se sabe sembrar plátano allí; hay que trabajar en lugares concentrados como Jagüey Grande, con los frutales (el cítrico se ha deprimido mucho, lleva mucho dinero y mucha tecnología, y hay una enfermedad muy fuerte, pero podemos sembrar guayaba u otro cultivo, reorientar), y, acá en otras áreas cercanas a la capital, avanzar en la siembra de vianda.
“Tenemos que asegurar una producción a escalas, pequeña, mediana y mayor, que permita un balance de productos y precios”., afirmó el ministro de la Agricultura.
¿Qué son los mercados de nuevo tipo?
Yisel González Marrero, directora de Comercialización del Ministerio de la Agricultura, comenzó su intervención en la Mesa Redonda refiriéndose a un principio básico de la política de comercialización del país, el tema de los arrendamientos.
“La posibilidad de arrendar un mercado agropecuario hoy está abierta, no solo para un trabajador por cuenta propia, un campesino, una cooperativa, un usufructuario; también las empresas estatales pueden arrendar un mercado agropecuario y gestionarlo”, dijo.
González comentó que hoy cumplen esa condición empresas como Tabacuba, los grupos ganadero, agrícola, agroforestal… “Todos los grupos nuestros se han ido vinculando y arrendando en aras de dar un servicio de excelencia a la población, que es lo que estamos buscando con esta política”.
Recalcó que no “buscamos con la política implementar principios, sino cambiar la imagen del mercado agropecuario y la del abastecimiento a la población”.
La política de comercialización “es flexible, amplia y hoy nos brinda muchas posibilidades, desde la contratación de la producción de todos los destinos, sector estatal y formas de gestión no estatal, que pueden contratar las producciones que necesitan para gestionar sus mercados, cafeterías u otros establecimientos”.
Sobre el alcance de la política, explicó que una persona puede arrendar un espacio en un mercado de forma temporal, por un día, o una semana, por ejemplo, para ir a vender su producción. “Puede ser un productor, una cooperativa, no tiene que ser un arrendamiento permanente, puede ser temporal o puede hacerlo de forma ambulatoria por un pico de cosecha que tenga, o puede comercializarlo con cualquiera de los participantes en el proceso”.
Con relación al comité de contratación, precisó que es un órgano participativo que, aun cuando los precios son su principal novedad, permite hacer análisis de las producciones, los balances que existen y el movimiento de los productos.
Además, posibilita verificar si existe en la localidad, el municipio o la provincia alguna dificultad con un producto determinado, tomar medidas o acciones que estimulen esa producción, “porque, cómo se ha dicho, la política estimula la producción, la comercialización, y es una medida local, de acuerdo con las características que tiene una zona determinada”.
Agregó que este es uno de los aspectos que hace defender como punto de partida de la implementación de la política el buen funcionamiento del comité de contratación. “Hoy lo estamos viendo como algo novedoso, en función de los precios, pero sus funciones van más allá y tienen que ayudarnos a estimular la producción, la comercialización y todo el proceso en sí”.
La directiva mencionó como otro elemento importante de la política el hecho de que se define quiénes pueden hacer las comercializaciones minoristas, mayoristas, o asumir las dos funciones al mismo tiempo. “Ahí está claro que lo puede hacer una empresa estatal, una cooperativa, un productor, que bien puede ser un propietario de tierra, un usufructuario o un trabajador por cuenta propia”.
“Una nave de Acopio es mayorista, y un centro de compra de una cooperativa, donde se reciben todos los productos de sus asociados, es mayorista igual, pero a veces vemos aquí en La Habana un camión que viene con productos de Artemisa o Mayabeque, que compró la producción y la vende en la capital a los carretilleros o a un mercado arrendado o gestionado por un TCP. Es un mayorista y se reconoce como de esta condición, y ese es uno de los temas que en la política vamos organizando.
“En la política se quitaron los apellidos. La gestión minorista la hace un mercado agropecuario, y este puede ser gestionado lo mismo por el Estado que por una forma de gestión no estatal. Antes decíamos mercado de oferta y demanda o mercado agropecuario-estatal. En estos momentos, todos son mercados agropecuarios y todos son puntos de venta; o sea, ponemos en igualdad de condiciones todas estas variantes y las unificamos en las variedades de la oferta de la comercialización minorista”.
Aseguró que hay dos principios básicos, que plantean que las entidades acopiadoras y comercializadoras solo pueden hacer compras en función de sus capacidades logísticas y financieras. “Eso va en función de organizar y que no se generen más cuentas por pagar a los productores, pero también que no se pierdan más productos. Si una entidad acopiadora no tiene dinero para financiar una producción, o no tiene la logística, no puede hacer esa compra”.
El segundo principio complementa al primero y alude a que, en el caso de los productos que por problemas logísticos o financieros de la entidad acopiadora o comercializadora no puedan ser adquiridos, “el productor tiene toda la autorización para venderlos a cualquiera de las formas de gestión existentes, e incluso comercializarlos él mismo”.
Aseguró que bajo este concepto no tiene por qué existir pérdida de productos, “porque ya no existe una limitante, una restricción, sino que hay amplitud, flexibilización con todas las variantes que hoy podemos asimilar, incluso en procesados, semielaborados.
“Unimos los principios y ello nos da todas las posibilidades que hoy tenemos en aras de que la producción no se pierda, de que no haya cuentas por pagar, de que el proceso pueda cumplirse y que llegue el producto a la población, que es nuestro interés fundamental, y en las mejores condiciones”.
La directora de Comercialización del Ministerio de la Agricultura reiteró que con el mercado de nuevo tipo se pretende transformar la imagen del mercado agropecuario.
“Para ello se establecieron 17 principios, y cuando hablamos de mercado de nuevo tipo no lo vemos como solo un mercado que está reparado constructivamente y que tiene una cantidad determinada de productos, sino que aplicamos esos 17 principios, que incluyen comercio electrónico (no solo código QR sino pago inmediato del productor al proveedor), licencias sanitarias y veterinarias, empleados uniformados y capacitados, productos beneficiados y sin tierra, entre otros”.
En apenas un mes y poco más, se ha abierto en la capital 12, y en lo que resta de año deben abrir más de un centenar, “pero sobre la base de que cumplan esos requisitos y no retrocedan en la calidad y la cultura del detalle”.
Las medidas financieras y tributarias estimulan la producción
Al intervenir en el espacio televisivo, Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero de Finanzas y Precios, dijo que el tema precios y tarifas para los servicios que se ofrecen a los productores, además de las medidas financieras y tributarias, estimulan la producción de todos estos alimentos que favorecen a la población.
“El tema de precios tenemos que verlo en una visión general y también parcial, o sea, dividir en lo que corresponde a los precios de acopio, los precios que estuvieron establecidos de manera centralizada y también en función de esta política flexible mucho más amplia de comercialización directa a la población. Esta política que se ha venido configurando es mucho más integradora, pone en igualdad de condiciones a todos los actores de la economía, especialmente a estas diversas formas de gestión de la agricultura”, aseguró.
Con la implementación del ordenamiento monetario se marcaron un grupo de principios en la formación de los precios, especialmente para los del sector agropecuario. Dentro de estos principios se reconoce que el productor tiene que recibir las señales del mercado, que incluyen afectaciones por temas climatológicos, o las carencias de determinados insumos. “Son señales que se van captando, como también los beneficios, los incentivos que se van ubicando para el sector”.
Según el viceministro del MFP, solamente se establecen precios máximos o centralizados a una lista bastante reducida de productos. “Como definición general del ordenamiento, teníamos una reducción y en la implementación también se ha venido acotando.
“Ha sido un principio que los productos que han sido trascendentales para el balance de alimentos del país (la leche, el azúcar, algunos rubros exportables) llevan un condicionamiento en la formación de precios diferente. En el resto de los productos, la formación de precios está descentralizada. Otras cuestiones con estas nuevas formulaciones, y que dan una visión integral para la formación de ese precio, son los grupos empresariales y las autoridades del Gobierno local con los comités de contratación.
“Es importante destacar que en la formación de los precios de Acopio se ha pretendido reconocer los niveles de utilidad que tenían los productores con anterioridad al ordenamiento monetario, a los costos y gastos incrementados como parte de la actualización de estos valores en el ordenamiento, y especialmente como parte de su implementación.
“Creo que en estas 63 medidas y en las que forman parte de la actualización del sistema empresarial, se reconoce esa voluntad de tener un intercambio y un reconocimiento de los incrementos de estos valores en los precios de las producciones agropecuarias. Para las condiciones específicas de este primer trimestre y en lo que se estima para este año, para el sector agropecuario se hicieron unas adecuaciones importantes, como la disminución de las tarifas de los servicios de electricidad y agua. Se han ido adoptando también otras medidas en función de uso más racional de recursos”, señaló.
“Eso estimula al productor a cumplir con esos compromisos, más centrados en la contratación, con base en las hectáreas que están producidas, en los recursos que se han puesto en función de estas producciones. Por ejemplo, en la producción de leche puede llegar hasta nueve pesos el litro si se cumple con los planes contratados, conforme con los requerimientos técnicos productivos que reconocen las direcciones de Agricultura”.
Recordó que los servicios que se brindan a los productores tuvieron una rebaja en el orden del 20%, y los piensos producidos por las empresas cubanas tuvieron una rebaja del 60%. Así también los plaguicidas y otros productos de elaboración nacional.
Algunas de estas medidas tuvieron un impacto en el presupuesto del Estado, que alcanzó los 3 500 millones de pesos, más de lo que ya estaba previamente destinado.
“En medidas más recientes, como resultado del intercambio que se realizó con las formas de gestión de la agricultura, se elimina el tratamiento de precios dual para un grupo de productos, como el boniato, la malanga o el plátano. Esto implica más responsabilidad por parte de los titulares del presupuesto que tienen que administrar los recursos”.
Esto no implica un incremento de precios de los productos de cara a la población, aclaró. “Los valores de estos productos para las dietas médicas siguen siendo los mismos, y para el sistema de atención a la familia no trasciende está descentralización de los precios. Tampoco en los comedores obreros. Esta descentralización no afecta las facultades de las autoridades locales y de la nueva estructura de los comités de concertación de precios”.
Al concluir la Mesa Redonda, el ministro de la Agricultura reiteró el compromiso de implementar las medidas y fortalecer el sistema de la agricultura y a los productores. “Hay que seguir sembrando, hacer una buena campaña de frío, con prioridad en los cultivos grandes. Hay que recuperar el programa ganadero y el porcino, y seguir trabajando duro para buscar una mayor oferta al pueblo y al país”, afirmó.
