Hay dolencias que desaparecen con una pastilla. Existen otras, más obstinadas, que necesitan varios golpes de la medicina para abandonar un cuerpo. Algunas jamás dicen adiós; otras solo llegan para provocar la muerte. Para cada una de ellas hay medicamentos que salvan, alivian. Esta es su historia, pero llega en sentido inverso. Es un relato de esas medicinas que faltan porque otros decidieron ponerle precio al consuelo del alma.
Ya sea a través de redes sociales o en plena calle, la venta ilegal de medicamentos es un tema que no escapa a las preocupaciones populares. Aunque no es un fenómeno que apareció con la COVID-19, sí se ha profundizado en medio del actual escenario epidemiológico. En tal sentido, merece una mirada atenta a la hora de buscar claves sobre la realidad nacional.
Analizar el asunto parte de una gran verdad: la insuficiente capacidad del país para responder a toda la demanda, ya sea por las limitaciones de la industria nacional o por las restricciones que impone el bloqueo norteamericano a la Isla. Esos temas dan espacio para varios reportajes. Pero más allá de ellos también existen esfuerzos nacionales por revitalizar la producción, por acortar brechas entre los enfermos y sus tratamientos.
Y justo en el medio surgen las dudas que retumban una y otra vez. ¿Qué grietas permiten el robo y la reventa de medicinas? ¿Son eficientes los mecanismos para controlar los productos? ¿Existe impunidad para un fenómeno lacerante e inhumano? ¿Cómo hacer para optimizar los recursos que sí están disponibles? Las respuestas están dispersas en la larga ruta de los medicamentos en Cuba.
Ramón, el comprador
A la izquierda, uno de los grupos dedicados a intercambiar medicamentos. A la derecha, un mensaje con una amplia oferta de medicinas puestas en venta.
“Yo no tenía los 6 mil pesos que me costaba por la calle un tratamiento completo de Meropenem, pero los completé pidiéndole el dinero a un amigo” —dice Ramón Silva desde el sillón donde le vigila el sueño a su padre—.
“Antes en el hospital de campaña a papi le pusieron Rosefín, pero no respondía a ese antibiótico y no tenían otro disponible. Me sugirieron esperar a ver si entraba alguno diferente en los próximos envíos o resolverlo en otro lugar para no perder tiempo e ir adelantando con el tratamiento”, agrega con una dosis de asombro y pena.
Aun así, Ramón prefiere mirar el lado bueno que le han traído las redes sociales. “Hay grupos en Facebook o Telegram que, lejos de servir para el negocio, han ayudado cantidad en medio de esta situación, porque unen a personas que intercambian medicamentos y no cobran un centavo. Pero hasta en ellos uno a veces ve cómo llegan personas a proponer medicinas a precios altísimos. Esos son los verdaderos inhumanos”.
Ramón sabe que no todo lo que existe en venta sale de instituciones estatales, sino que una buena parte llega del exterior. No le importa si es ilegal o no. “He visto tratamientos de antibióticos en 28 mil pesos. He visto vendedores que además de las medicinas te recuerdan lo importante que es su oferta para la vida de una persona. He visto a médicos que no tienen más opción que sugerir el mercado negro. ¡Y eso duele mucho, a ellos y a mí!”
Almacenar esperanza
En los almacenes centrales de ENCOMED en Villa Clara se cuenta el cien por ciento de losproductos de mayor demanda. / Foto: Yunier Sifonte/Cubadebate.
En los almacenes centrales de la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (EMCOMED) de Villa Clara el movimiento es constante. Ya sea para descargar y recepcionar la nueva mercancía, ubicarla dentro de las grandes naves o fraccionarla para que llegue a decenas de hospitales, policlínicos o farmacias, varias manos asumen una alta responsabilidad en el control de los productos.
En medio de tantas escaseces, Carlos Eduardo Rodríguez Lamas reconoce enseguida la importancia del control. A sus 28 años es dependiente en una de las naves que guarda los productos de mayor demanda, como algunos antibióticos, el nasalferón o las propias vacunas contra la COVID-19.
Según dice, es muy difícil robar medicamentos en estos lugares, porque al final del día se cuenta el cien por ciento del inventario y se chequean todos los movimientos. A su vez, cada operario se hace responsable de lo que envía hacia otra área. “Todos los lotes van firmados por quien lo despachó —explica— y si hay un faltante es muy fácil detectar quién manipuló los paquetes”.
A simple vista la medida parece eficiente. Quizás por eso es una de las normas que se repiten en cada punto de la amplia cadena, desde que los laboratorios envían los medicamentos hasta que salen del almacén hacia farmacias o centros de salud.
El cien por ciento de los productos de alta prioridad son pesados y contados en el momento de la recepción, mientras que para el resto se realizan muestreos aleatorios con el objetivo de detectar irregularidades.
Gracias a esos mecanismos los operarios encontraron hace muy poco un faltante de más de cien blísteres de azitromicina durante el proceso de recepción. Las cajas llegaron aparentemente sin problemas, pero varias de ellas estaban vacías por dentro. A todas luces el “fallo” ocurrió a la hora de embalar el producto en los laboratorios encargados de producirlo.
Cada operario firma los lotes que maneja. / Foto: Yunier Sifonte/Cubadebate.
El ejemplo es apenas una muestra de cuántos puntos oscuros puede tener el robo de medicamentos. No obstante, para Roslán García Montes de Oca, inspector de la Agencia de Supervisión e Inspección de Carga (ASIC), sí existe control de los recursos y los procesos es sumamente difícil encontrar desvíos de medicinas hacia el mercado negro.
Él llegó en junio de este año a los almacenes de EMCOMED para auditar el trasiego de medicamentos, justamente cuando el alza de casos de COVID-19 en Villa Clara comenzaba a tensar hospitales, centros de aislamiento y también los anaqueles de farmacias y los de la propia entidad logística.
Desde entonces asegura que ha encontrado buenas prácticas, pero reconoce que no puede responder por lo que sucede puertas afuera. “Mi función aquí —reafirma— es garantizar que de los almacenes salgan las cantidades asignadas a cada entidad”.
Sin embargo, ¿qué podría suceder si los encargados del transporte pactan con quienes reciben el producto en el destino final? ¿Pueden en esos sitios recibir una cantidad y reportar otra? ¿Se desvían los medicamentos en la carretera?
Luis Alberto Gómez Rodríguez, el director de EMCOMED en Villa Clara, no puede responder a ciencia cierta cada interrogante, pero asegura que de las 20 mil acciones de despacho que cada mes realiza su entidad, solo reciben entre 20 y 30 reclamaciones comerciales.
“Sobre faltantes o sobrantes de productos solo tenemos entre seis y siete —precisa—, porque el resto tiene que ver con problemas de calidad, embalaje o errores en la distribución. En el caso de los choferes, nunca saben a ciencia cierta hacia dónde van hasta casi el momento de la distribución”.
De igual manera, aclara que los clientes tienen un plazo de tres días para reportar cualquier incidencia con las entregas. En esos casos cada informe llega a un centro de control que funciona las 24 horas encargado de analizar y depurar responsabilidades para ofrecer una respuesta. Hasta el momento —considera— los protocolos demuestran eficiencia.
“Aquí tenemos un sistema digitalizado, pero no automatizado, que garantiza el control de los medicamentos hasta el destino final, porque ofrece una trazabilidad por lotes y productos. Al final del día el submayor de inventarios debe coincidir con el conteo físico. No obstante, estamos conscientes que ningún proceso es infalible”.
¿Qué pasa en las farmacias?
Desde los almacenes centrales salen los medicamentos hacia las farmacias. / Foto: Yunier Sifonte/Cubadebate.
Las particularidades y los métodos de control de EMCOMED le interesan poco a Isabel Valdivia, un ama de casa que lleva cuatro horas en las afueras de la farmacia y aun no sabe si alcanzará trifluoperazina, uno de los medicamentos que no le pueden faltar a su madre para controlar sus problemas nerviosos.
Ella sabe que el producto está en el cargamento que hace poco llegó hasta una de las farmacias de Santa Clara. Isabel lee nombre de lo que busca en la improvisada pizarra informativa colgada en el portal del establecimiento, señala a las personas que tiene delante, saca cuentas que a ratos parecen malabares de la mente. Y en medio de todo, no puede obviar el miedo y la incertidumbre.
“Supongo que esta vez pueda alcanzar, porque no todos los que están delante en la cola necesitan este medicamento. Pero uno nunca sabe de verdad hasta que no llega al mostrador”, asegura. Hace una semana Isabel se marchó de la farmacia con las manos vacías, aunque jura una y otra vez que debería haberse ido satisfecha.
Como ella, otros clientes también especulan sobre tablillas informativas con menos cantidad de medicamentos que lo real, o en el mejor de los casos sobre despachos por debajo de lo anotado en el vale de venta.
A esas quejas se sumaron recientemente las que llegaron a la televisión provincial de Villa Clara mientras se transmitía un programa sobre el robo de medicamentos. Entonces las personas también cuestionaban por qué no se controla a quienes compran grandes cantidades de medicinas o lo hacen de manera reiterada.
Una investigación publicada hace poco más de un mes en el periódico Girón, de Matanzas, detectó problemas similares en ese territorio y demostró que el asunto no es autóctono de Villa Clara. Otros territorios del país tienen contextos similares.
Junto a esas irregularidades, el equipo de reporteros de Girón también halló deficiencias en el completamiento de la información personal en las recetas médicas, la omisión de la cantidad de productos vendidos y el despacho de una cantidad excesiva de medicamentos para un tratamiento.
No obstante, para el Dr. Orlando Álvarez Núñez, director de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas de Villa Clara, incongruencias como esas no son comunes en los 174 establecimientos farmacéuticos de la provincia. Aun así, reconoce que el robo de medicamentos es un asunto que “ni en los buenos momentos hemos logrado erradicar al cien por ciento”.
En cualquier debate sobre el asunto no puede faltar un argumento en torno a la disponibilidad de productos para satisfacer la demanda, a la postre el aspecto clave a la hora de buscar los porqués.
Mientras Orlando habla sostiene un grupo de papeles que le sirven de guía y revelan un dato esclarecedor: justo en ese momento las farmacias de Villa Clara operan con 132 productos en falta, el 49 por ciento del cuadro básico. En el caso de los medicamentos controlados, no cuentan con la cuarta parte de los 85 registrados bajo esa categoría.
Aunque el director de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas aclara que esos números varían casi a diario en correspondencia con los esfuerzos del país para surtir las estanterías, asegura que esas ausencias son el principal incentivo para la mayoría de los delitos.
Entre las acciones para reducirlos en medio de este panorama, recalca la necesidad de la transparencia en las informaciones, los chequeos a los establecimientos y los vínculos con la Vicedirección de Asistencia Médica de la Dirección Provincial de Salud para garantizar una prescripción médica que no malgaste recursos.
Gracias a esa interrelación, por ejemplo, está prohibida la presencia de doctores con talonarios de recetas en las farmacias, uno de los problemas detectados en inspecciones conjuntas.
A su vez, pone como ejemplo la separación de los trabajadores luego que uno de esos chequeos detectara un faltante de cinco azitromicinas. Sin embargo, una golondrina no hace verano y esos números son tremendamente escasos frente a una realidad mucho más compleja.
Bien lo sabe el Mayor Yurelky Acebo Herrera, uno de los oficiales del Ministerio del Interior vinculado a estos temas en Villa Clara. Según dijo durante su comparecencia en la televisión provincial, tienen identificadas a varias personas que una y otra vez rondan las farmacias para adquirir medicamentos. “Si se demuestra que revenden los productos —asegura— pueden incurrir en un delito de actividad económica ilícita, pero eso hay que probarlo”.
“Necesitamos la denuncia y el aporte de la población para poder actuar. Hasta tanto no se demuestre el hecho delictivo, adoptamos con estas personas un trabajo profiláctico para evitar que continúen con conductas que pueden derivar en un incumplimiento de la ley. El objetivo es que llegue a la cola el que necesita el medicamento y lo reciba en la cantidad indicada”, explica.
Enrique, el vendedor
Como bien dice Enrique, «aquí no se pregunta mucho».
“Yo vendo medicinas sencillamente porque a la gente le hacen falta —dice sin mucho preámbulo Enrique, escudado detrás del nombre que decidió usar en su cuenta de Telegram para llevar adelante el negocio—. En esto juega mucho la necesidad de las personas”, agrega como si fuera el mejor estudioso de un mercado que él sabe más grande desde hace meses.
“Unas veces tengo y propongo los medicamentos que me caen, aunque casi siempre en los grupos de Internet encuentro anuncios buscando algo. A esas personas les escribo y si les conviene cuadramos el precio, o si hago domicilio o no. Otras veces me contactan a mí porque ven lo que tengo. Aquí no se pregunta mucho”.
Varios de los precios que Enrique pone a sus medicamentos llegan hasta cuatro cifras. “Los antibióticos son caros —reconoce— porque esto del coronavirus los ha puesto así. Hay gente que los compra para tenerlos en la casa y usarlos con algún enfermo, pero hay otros que lo hacen porque la escasez es una realidad”.
Enrique es, aun detrás de cuentas falsas en redes sociales, respuestas evasivas y razonamientos en apariencia sencillos, el rostro de un fenómeno complejo que extiende sus raíces al interior de una larga cadena y daña en lo más profundo del ser humano.
En zona roja
Los medicamentos para enfrentar la COVID-19 están entre los más cotizados. / Foto: Yunier Sifonte/Cubadebate.
Ya lo dicen las estadísticas: los hospitales y centros asistenciales se erigen en puntos neurálgicos para desenredar el entuerto del robo y venta de medicamentos. No lo son porque tengan relación directa con una parte importante de los casos procesados, sino también porque sus alrededores son escenario de otra cantidad importante de hechos vinculados a personas que llegan allí para proponer su mercancía.
Uno de ellos, por ejemplo, implicó la detección de una persona que desde las áreas exteriores de una institución sanitaria vendía bulbos de Rosefín a través de las redes sociales. Otra investigación encontró a un vendedor encargado de ofertar más de 25 tipos de medicamentos que un enfermero robaba de un centro de aislamiento para pacientes con COVID-19. Una tercera pesquisa halló 124 mil pesos acumulados en una vivienda gracias al lucrativo negocio.
Según dijo a Telecubanacán el Capitán Pedro Toledo Rodríguez, primer oficial de la Dirección Técnica de Investigaciones Económicas de Villa Clara, hasta el momento en los hechos detectados se ocuparon más de 80 medicamentos e insumos médicos.
Además de los antibióticos y otros productos de alta demanda, también aparecen otros como hilos de sutura, puntas de estomatología o jalea de ultrasonido. En las redes sociales no es extraño encontrar anuncios de termómetros, test de embarazo o para detectar la COVID-19.
Aquí y allá los casos tienen varios denominadores comunes: la violación de los mecanismos de control, la falta de exigencia y la ausencia o tergiversación de datos tanto en tarjetas de almacén, farmacias, recetas médicas o historias clínicas.
Para el Dr. Víctor Rolando Cañizares Pérez, Jefe del Departamento de Medicamentos y Tecnologías Médicas de la Dirección Provincial de Salud en Villa Clara, cada uno de esos elementos son puntos claves para entender el asunto. Sin embargo, no olvida una de las esencias repetidas ya por otros: los abastecimientos.
De acuerdo a su explicación, a inicios de año cada provincia realiza su demanda de medicamentos al Ministerio de Salud Pública. Es una cantidad de insumos que ahora ve afectaciones por dos causas esenciales: el alza de casos positivos al nuevo coronavirus y las afectaciones que provoca el bloqueo de Estados Unidos para adquirir tanto materias primas como medicinas ya terminadas.
“Tenemos que comprar muchas veces en mercados indios o chinos, lo cual encarece los costos tanto del producto en sí como de la transportación. Además, esa misma lejanía provoca que un medicamento demore meses para llegar al país justo en el momento en que más se necesitan. En los últimos meses los mayores impactos estuvieron en los analgésicos, los antibióticos, los antipiréticos y los antiinflamatorios”, explica.
Sin embargo, en medio de ese difícil panorama resulta todavía más lógico controlar al detalle cada pastilla y cada inyección. Y justo ahí se acrecientan los problemas. Según dice, en cada institución existen los protocolos para hacerlo, así como los mecanismos para evaluar su cumplimiento, tanto en las unidades asistenciales de salud como en las farmacias existentes en las comunidades.
En el primero de esos escenarios, compuesto por más de 900 instituciones entre hospitales, policlínicos, consultorios médicos, hogares maternos o para la atención al adulto mayor, la norma exige seguir toda la ruta del medicamento.
La idea es saber qué ocurre desde la entrada al almacén hasta su uso por el paciente, lo cual incluye chequear la receta y la historia clínica, los expedientes para el empleo de antibióticos e indagar con el enfermo si realmente recibió el tratamiento. En el papel el protocolo luce casi invulnerable.
“En el caso de las farmacias —asegura Víctor Rolando Cañizares— se chequea el duplicado de las tarjetas de medicamentos controlados, así como las existencias en almacenes y los vales de ventas”. Esas inspecciones —agrega— deben ocurrir de forma constante durante todo el año. No obstante, la realidad pone en tela de juicio esos mecanismos y parece obligar a fortalecer otros.
De acuerdo al propio Jefe del Departamento de Medicamentos y Tecnologías Médicas de la Dirección Provincial de Salud en Villa Clara, entre las principales incidencias detectadas aparecen errores a la hora de escribir la indicación del medicamento en la historia clínica, dificultades en la recepción en los almacenes, tratamientos incompletos, recetas confeccionadas por solicitud del paciente o incluso la pérdida de los talonarios.
“En cada uno de esos elementos hay inspecciones sin la frecuencia adecuada o que ocurren sin verdaderamente profundizar en el control de los medicamentos —reconoce el directivo—. En cada lugar deficiente adoptamos medidas tanto administrativas como de organización para corregir los problemas, mientras que socializamos las buenas experiencias vistas en otras entidades”.
¿Responder ante la justicia?
Muchos de los productos puestos en venta son de producción nacional.
Cuando se habla del robo o la venta de medicamentos en el mercado informal varias preguntan surgen en el ambiente. ¿Acaso las limitaciones de la industria nacional son la única causa? ¿Qué rol tienen el descontrol y la falta de vigilancia en algunas administraciones? ¿Cómo enfrentar un fenómeno que lacera y le pone precio a la salud y a la vida?
En medio de tantas preguntas, Yumileisy Sabina Cabello aporta algunas respuestas. Ella es fiscal y pertenece al Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, una de las instituciones encargadas de cerrarle las brechas a un fenómeno triste y peligroso.
Según dice, una vez realizada la correspondiente denuncia el órgano desempeña un papel clave en el control del proceso investigativo. “En medio del actual contexto epidemiológico es fundamental la prontitud en la revisión de cada proceso, para en base a ello ejercer la acción penal y poner los casos a disposición de los tribunales”, asegura.
En el actual año el trabajo del equipo de fiscales no ha sido sencillo. Solo hasta mediados de septiembre la Fiscalía Provincial de Villa Clara acumulaba 33 procesos penales relacionados a la sustracción de medicamentos y el desvío de materiales de curación, una de las aristas menos visibilizadas del asunto. A su vez, dos de esas investigaciones se relacionan con la venta de oxígeno medicinal.
Para Eraida Rojas, una santaclareña que hace poco más de un mes perdió a su madre luego de complicaciones originadas por la COVID-19, esos números deberían crecer todavía más. No obstante, indican que el camino está abierto.
Ella aun recuerda los 20 mil pesos que le pidieron por un botellón de oxígeno, justo cuando el país se debatía en superar la crisis por los bajos niveles de producción y la alta demanda en hospitales y centros de aislamiento. Mientras otras muchas personas pusieron por delante su inventiva para que el gas medicinal llegara a más personas, ella debió pagar.
“Lo hice por desesperación y necesidad. En el hospital había un poco y se compartía, pero no alcanzaba para sostener los altos volúmenes que necesitaban algunos pacientes. Entonces una persona se me acercó y me propuso aquello. Pagué sin pensarlo mucho y casi enseguida tuve un cilindro. No sé ni averigüé de dónde salió, si estaba lleno o por la mitad. En esos momentos los inescrupulosos viven del dolor ajeno”, cuenta con tristeza.
En la Fiscalía Provincial de Villa Clara conocen muy bien estos asuntos. De hecho, según Yumileisy Sabina, entre las principales tipicidades delictivas en que incurren los acusados en estos hechos aparecen la actividad económica ilícita, la apropiación indebida, la malversación y la falsificación de documentos. En ocho casos los implicados utilizaron las redes sociales para conseguir sus propósitos.
“También detectamos varias personas que viajan al exterior y traen medicinas para venderlas luego en el mercado informal. En estos casos igualmente incurren en un delito, porque esa importación está permitida para uso personal, pero no con fines comerciales”, explica.
Cuando habla de números y estadísticas, la joven fiscal no obvia un detalle importante: hasta el momento las instituciones sanitarias y los centros de aislamiento creados para pacientes afectados por la COVID-19 aparecen entre los lugares más vulnerables para cometer estos delitos. A su vez, comenta otro dato esclarecedor: 20 de las 51 personas implicadas en hechos de robo y venta ilegal de medicamentos laboran en el sector de la salud.
Específicamente para estos casos, así como para otros relacionados con instituciones estatales, la joven fiscal recuerda el papel que deben jugar los directores y administrativos en el control de los recursos.
“Ellos tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de esas medicinas e insumos. En dependencia de las causas y condiciones, incluso pudiéramos estar en presencia de un delito por el incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas”, asegura.
A nombre de la institución que representa, Yumileisy Sabina explica que la situación epidemiológica del país también obliga a ser ágiles en el enfrentamiento a estos hechos. De tal forma, 26 de los 33 procesos penales se corresponden con delitos de competencia de los tribunales municipales populares, sancionables hasta con un año de privación de libertad o multas de hasta 300 cuotas o ambas.
En estos casos la Ley prevé plazos de hasta 20 días para la presentación por el Fiscal al órgano jurisdiccional, “aunque eso no significa obviar las normas del debido proceso, así como el respeto a los derechos de los acusados”, asegura.
“Aun cuando se trata de un proceso que acorta los términos, sí garantizamos la participación del fiscal en el acto del juicio oral donde cada ciudadano implicado tiene derecho a nombrar un abogado y proponer las pruebas que considere pertinentes para su defensa. El objetivo siempre será la justeza de lo que hagamos”, concluye.
Ya sea en el caso de los medicamentos de producción nacional o en aquellos traídos del exterior, la venta de medicamentos en el mercado negro tiene un gran origen: las limitaciones de la industria cubana para cumplir las demandas y las necesidades que impone recobrar la salud y en muchos casos evitar la muerte. Como ocurre en muchas otras esferas, todo lo demás parte de esa causa compartida.
Sin embargo, y justamente por esas estrecheces provocadas por el crecimiento de la demanda, la redirección de recursos para atender la COVID-19 y el bloqueo estadounidense, es tan relevante el control sobre los medicamentos disponibles. Podría analizarse cómo mejorar la producción criolla, la conveniencia o no de habilitar la importación con fines comerciales o incluso la importancia de una organización más eficiente.
Pero mientras tanto, lo que sí debería quedar claro es que, en medio de todas las escaseces, cada falla en una cadena larga y diversa, cada irresponsabilidad de directivos y administradores, cada reventa en el mercado negro, es una derrota para el respeto y la vida.
