La inclusión del pago electrónico es una de las exigencias que deben cumplir todos los actores económicos que intervienen en la comercialización, independientemente de su modelo de gestión; sin embargo, algunos han encontrado la manera de solo aparentar el acatamiento de dicha norma.
Para estimular el empleo de esta modalidad se realiza una bonificación del cinco por ciento a todos los clientes que efectúen pagos en línea, ese gasto lo asume el banco y no incide sobre los ingresos del vendedor, pero este debe disponer de un código QR asociado a su cuenta fiscal, y no es válido el generado por la aplicación de Transfermóvil.
A pesar de estas ventajas, hay muchos «habilidosos» que incumplen con tales normativas, y cuando usted solicita en su condición de cliente el servicio de pago electrónico, le ofrecen solo la opción de transferencia, que no es lo mismo, ya que por esa vía están despojándolo de la posibilidad de recibir la bonificación.
En una transacción puede ser un monto insignificante, pero en varias, a lo largo del mes, ya representa un beneficio sobre su economía, y esa suma puede incrementar su poder adquisitivo, no de forma trascendental, pero por mínima que sea una ventaja, la necesitamos en tiempos de inflación y carencias acumuladas.
Tras esa aparente «ingenuidad» se esconden varias intenciones, entre ellas, que los ingresos no vayan a su cuenta fiscal, y por ende, la evasión de la contribución tributaria; el expendio de productos no acordes a la actividad que ejercen y otras más…
Lo más preocupante, ocurre con total impunidad, y se impone volver sobre un tema recurrente en estas páginas, el incumplimiento de la legislación vigente; no importa cuántas leyes o normas se aprueben y la buena voluntad, justicia, beneficios que contengan, si su implementación no es eficaz.
En primer lugar, las administraciones, estatales y privadas, han de asumir responsablemente el actuar dentro de los marcos legales vigentes, máxime si el no hacerlo lleva implícito daño a terceros, en este caso sus clientes o usuarios.
Por otra parte, ¿hasta cuándo será preciso abogar por el accionar oportuno y sistemático de los organismos reguladores y supervisores?; son los que gozan de las facultades para multar, retirar licencias o adoptar medidas de otro tipo sobre los infractores.
La ciudadanía necesita que sean protegidos sus derechos, y también conocer los mismos. He conversado con varias personas que efectuaron pagos por transferencia creyendo que lo hacían en línea, tampoco sabían que de esa forma perdían la bonificación.
Si a la escasez de productos, la ausencia de ofertas económicas, los bajos salarios y la especulación se une la falta de ética y empatía de los vendedores, deberemos entonces renunciar al concepto de cliente y sustituirlo por el de víctimas.
Y es que sobre ese comprador recae todo, si hay un aumento de los impuestos, inmediatamente hay un alza de los precios, los cuales no dejan de subir. En muchas tiendas operadas por privados las tarifas se cambian casi diariamente, con la excusa de: «El dólar subió», o al menos así lo aseguran ellos, que toman como oráculo referencial al mercado informal, que, a su vez, se rige por las publicaciones de El Toque, medio no oficial.
Es cierto que las condiciones tecnológicas y de conectividad no son idóneas, pero son más los problemas subjetivos, el querer obrar fuera de la legalidad por antojo y sin la más mínima responsabilidad social; prueba de ello es el pago en efectivo que también tiene restricciones, incluso inmensos carteles, pues en no pocos establecimientos informan la denominación de billetes que aceptan, como si todos no fuesen legítimos; esta es otra violación de los derechos del consumidor.
El uso de canales de pagos electrónicos no se inscribe dentro de la lista de “inventos cubanos”, al contrario, los implementamos tardíamente con respecto al mundo.
Pese a reticencias y cuestionamientos son cómodos y funcionales, pero mientras aquellos a quienes “no les conviene” pongan freno a su generalización, y lo logren, será difícil que siga ganando adeptos.
Cuba necesita muchas cosas, una de las más apremiantes es eliminar la impunidad de los que infringen normas y leyes, en cualquier ámbito.
