La tendencia demográfica en Cuba es al envejecimiento. Y aunque la migración de jóvenes esté marcando la diferencia en los tiempos que corren, las razones son varias y harto conocidas.
En el país se han aprobado políticas encaminadas a estimular la natalidad y a beneficiar a madres que tengan tres o más hijos. Sucede que la implementación de esas políticas, en materia de vivienda, sobre todo, se diluye en muchos procesos en los que intervienen varios factores y organismos y a veces, sobre todo en Pinar del Río, tardan en concretarse.
En la provincia, más de 3 000 mujeres están contempladas en el programa de atención a la dinámica demográfica. Cada año se destinan al programa millones de pesos en un presupuesto para atender el tema en todos los municipios.
A pesar de la voluntad política y de que se han hecho algunos avances, aún es insuficiente ante la demanda, no solo de vivienda, sino de atenciones como matrículas en círculos infantiles y otras necesidades.
Al estado corresponde, como se manifiesta en la Constitución de la República, garantizar la dignidad plena de las personas y su desarrollo integral. Le corresponde proteger, asistir y facilitar las condiciones para satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida de grupos sociales en situación de vulnerabilidad.
Pero cabría preguntarse hasta dónde llega el encargo social del Estado y cuánto de responsabilidad individual hay en el asunto. Ojo, no significa cuestionarse la vida privada de nadie, sino de apelar al sentido común cuando de estos casos se trata.
El pasado 20 de agosto, en el espacio de la Mesa Redonda, Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, se refería al sistema de trabajo de prevención social y de la importancia de transformar desde la lógica.
“Hay que ver esa capacidad de resiliencia que tienen las personas, porque nadie es vulnerable per se, nadie es vulnerable por tener tres o más hijos, eso no es una discapacidad o una enfermedad”, apuntaba la Ministra.
En aquella ocasión informaba que el Estado ha entregado 6 000 millones de pesos en recursos a familias, “recursos imprescindibles, necesarios, que vamos a seguir otorgando, pero lo fundamental es transformar, que esa familia vaya evolucionando y saliendo de esa condición de vulnerabilidad”.
Y en efecto, ¿por qué una joven en edad estudiantil decide, en condiciones económicas desfavorables, traer un hijo al mundo?, ¿por qué una mujer con tres hijos, sin otra entrada económica que el estipendio que recibe de la asistencia social, elige tener un cuarto descendiente?
Esperar a que el Estado asuma las consecuencias de nuestras decisiones personales pone en riesgo el bienestar de quienes no pidieron venir al mundo.
No es quitarle al Estado la parte que le toca, sino hacer, desde lo individual, lo posible para salir de una situación de vulnerabilidad. Es ver, de conjunto con el trabajador social las posibilidades de empleo que existan, las vías que puedan contribuir a proveer a la familia de condiciones dignas para vivir.
Por estos días hemos visto muchos ejemplos de solidaridad de varios grupos que con ayuda llegan a lugares intrincados, a familias necesitadas. Pero más que prestaciones, más que esos pequeños rayos de esperanza, es imperante transformar, y no solo desde lo físico, sino conductas y comportamientos.
El sistema socialista cubano nos ha acostumbrado a esperar a que sea el Estado quien se encargue de resolver nuestras necesidades básicas, y entonces cuando esas se encarecen preferimos culparlo por todos nuestros males.
¿Hacemos algo por nosotros mismos para transformar ese panorama individual? ¿Qué aportamos a la sociedad para que eso cambie?
Y en eso también juega un importante papel la prevención social, el trabajo comunitario integrado. Transformar no es solo atender a esas familias con una remuneración monetaria cada mes o con un módulo de cocción, aseo o una vivienda, sino darles herramientas, opciones, para que de acuerdo con las posibilidades puedan salir de la situación crítica.