El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió la suspensión de algunos visados de trabajo y las tarjetas de residencia (green cards) hasta el 31 de marzo a grandes grupos de solicitantes, con el argumento de preservar así los empleos de los estadunidenses afectados por la pandemia de COVID-19.
Junto a esta decisión, una corte federal de apelaciones avaló una norma que requiere que los nuevos inmigrantes tengan su propio seguro de gastos médicos. Ambas medidas, adoptadas el último día de 2020, compendian cómo Trump ha hecho la política migratoria estadunidense más restrictiva sin contar con el apoyo del Congreso.
Jueces federales han limitado el impacto de la prohibición a ciertas visas, normativa que expiró el jueves. El presidente electo, Joe Biden, prometió revertir muchas acciones antimigratorias del magnate cuando arribe a la Casa Blanca, el día 20, pero se desconoce con cuánta rapidez y a qué grado, ni si están consideradas específicamente en su plan de gobierno. En abril, Trump prohibió la emisión de tarjetas de residencia expedidas en el extranjero, lo que principalmente afecta a familiares de personas que ya viven en Estados Unidos.
Después de que los partidarios de las restricciones a la migración recibieron la medida con sorprendente frialdad, el gobierno fue mucho más allá en junio al añadir las visas H-1B, que son utilizadas ampliamente por trabajadores de compañías de tecnología y sus familias. También las visas H-2B, para trabajadores no agrícolas de temporada; las J-1, para intercambios culturales, y las L-1, para gerentes y otros empleados de multinacionales.
Opinión divergente
El magnate argumentó que las nuevas medidas protegerían los empleos estadunidenses en una economía destrozada por la pandemia, mientras los grupos empresariales señalaron que la medida, por el contrario, obstaculizaría la recuperación.
En contraste, el anuncio gubernamental de expulsar de inmediato a los solicitantes de asilo y a otros que cruzan la frontera sin documentos desde México se justificó con el argumento de que se hacía para contener al coronavirus, aunque la agencia de noticias Ap y otros medios hallaron que funcionarios científicos no veían evidencia que lo sustentara. También se tomó la decisión de prohibir temporalmente los viajes no esenciales por las fronteras con México y Canadá en aras de la salud pública.
En octubre, un juez federal en San Francisco falló que la prohibición a las visas de trabajo no podía aplicarse a los grupos que demandaron ni a sus miembros, que representan a gran parte de la economía del país: la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Manufacturas, la Federación Nacional de Minoristas, el grupo de la industria tecnológica TechNet, e Intrax Inc., que maneja programas de intercambio cultural.
En su fallo del jueves, un panel de la corte de apelaciones del noveno circuito votó 2 a 1 para despejarle el camino al requisito de Trump de que los migrantes tengan seguro de gastos médicos. Los nuevos migrantes deben demostrar en un periodo de 30 días que pueden obtener cobertura y pagar sus gastos médicos. Un juez federal impidió que la norma entrara en vigor casi inmediatamente después de que fue anunciada, en octubre de 2019.
El Congreso de Estados Unidos dio ayer un golpe a Trump en sus últimas semanas en la Casa Blanca al votar a favor de eliminar el veto presidencial al presupuesto de Defensa, en la primera ocasión en que los legisladores revierten uno de sus vetos. Con votación 81 a favor y 13 en contra de eliminar el veto, más de los dos tercios requeridos, el Senado controlado por los republicanos aprobó la ley de presupuesto de Defensa por 740 mil 500 millones de dólares para el año fiscal 2021.
La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, ya había votado a favor de revertir el veto el lunes, con 322 votos a favor y 87 en contra. Ambas cámaras habían aprobado la ley de presupuesto a inicios de diciembre y con amplias mayorías, pero Trump la vetó el 23 por considerarlo vergonzoso.
Piden dar a Pence el poder para relegir al magnate
La Justicia de Estados Unidos desestimó ayer una demanda impulsada por un congresista republicano y varios miembros del partido en Arizona, quienes pedían otorgar el poder al vicepresidente Mike Pence de nombrar a Donald Trump el 6 de enero nuevo presidente. Como presidente del Senado, Pence presidirá el acto en el que se proclamará ganador a Biden, pero algunos republicanos querían dar poderes al vicepresidente para que decidiera cuáles votos del Colegio Electoral eran válidos alegando un fraude en las elecciones, y así mantener a Trump en el poder.
El juez del quinto distrito de Texas, Jeremy Kernodle, nombrado por Trump, no ha admitido a trámite la demanda por carecer de base, según CNN. Pence había pedido al tribunal que rechazara el caso, que consideraba una contradicción legal andante.
(Con información de La Jornada)
